Empresas ligadas a huachicol obtienen contratos con Pemex y AIFA

Seis compañías investigadas por huachicol fiscal lograron contratos millonarios con Pemex, AIFA y otras dependencias. ¿Qué implica para el sector energético?

Al menos seis compañías bajo investigación por la Fiscalía General de la República (FGR) por presunta participación en una red de contrabando de hidrocarburos han obtenido contratos millonarios con dependencias del gobierno federal, incluyendo Pemex, la Secretaría de Marina, el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), Conagua y la UNAM. El caso, vinculado a la causa penal 325/2025, revela la magnitud del huachicol fiscal, un esquema que combina corrupción, evasión fiscal y riesgos para la seguridad energética.

La investigación destapó que, pese a la cancelación de permisos y sanciones administrativas, varias de estas empresas continuaron operando como proveedoras del Estado. El hallazgo cuestiona la efectividad de los controles regulatorios y la trazabilidad en las contrataciones públicas, en un contexto donde el gobierno federal ha prometido erradicar la corrupción en el sector energético.

Pemex y plataformas marinas: Constructora y Perforadora Latina mantiene una relación contractual histórica con Pemex; en 2022 obtuvo un contrato por 57.6 millones de dólares para perforación en aguas profundas.
AIFA y Sedena: Ecocarburante suministró 27 millones de litros de diésel para la construcción del aeropuerto, mediante contratos directos que hoy son objeto de auditoría.
Universidades y puertos: Abastecedora de Combustibles del Pacífico surtió diésel marino al buque oceanográfico El Puma de la UNAM, mientras que Maquiladora de Lubricantes opera en puertos estratégicos con permisos vigentes hasta 2029.
Red comercial opaca: Galem Energy aparece como nodo central en la triangulación de operaciones, junto con Comercializadora Gutasa y Energética Carvel, que también recibieron contratos públicos.

La FGR anticipa nuevas órdenes de aprehensión y la revisión de más de 500 empresas y ocho puertos señalados por irregularidades. El gobierno federal enfrenta el reto de blindar los procesos de contratación y fortalecer la supervisión aduanera, mientras el sector privado evalúa el impacto reputacional y operativo de estas revelaciones.

Empresas energéticas y organismos públicos deben implementar auditorías de integridad en su cadena de suministro, reforzar controles de compliance y adoptar herramientas tecnológicas para la trazabilidad de combustibles. La omisión puede derivar en sanciones, pérdida de contratos y riesgos penales.