Si México sigue evitando una decisión clara sobre fracking, llegará a 2030 con más dependencia de gas importado, mayor presión eléctrica, infraestructura crítica expuesta y una discusión regulatoria todavía incompleta. Este forecast cierra la serie Fracking en México con tres escenarios posibles para el país.
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Si México permite nuevamente el desarrollo de yacimientos no convencionales, los ganadores no serán solo Pemex o las petroleras. El mercado se movería en servicios, agua, ductos, químicos, monitoreo ambiental, regiones productoras, consultoría regulatoria y política energética. Este análisis identifica quién podría beneficiarse y qué riesgos podrían bloquear el negocio.
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México no prohibió de forma absoluta el fracking, pero tampoco construyó una política regulatoria completa para aplicarlo con certeza técnica, ambiental y social. Este análisis explica el marco legal existente, las reglas que quedaron en papel y el vacío que hoy condiciona cualquier posible regreso de los yacimientos no convencionales.
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El auge del e-commerce abre mercados para miles de pymes mexicanas, pero presiona puertos, logística, energía y regulación; decisiones críticas para empresas y autoridades.
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La vinculación a proceso del exdirector de Pemex abre un riesgo reputacional y operativo que puede influir en cumplimiento, financiamiento, contratos y gobernanza empresarial.
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SENER amplía al 2 de septiembre de 2026 el registro de manifestaciones de interés y la solicitud de estudios de interconexión. Qué implica para inversión, CENACE y CFE.
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Guía para empresas formales del sector energético. Este checklist traduce la investigación de la serie El Mapa del Huachicol Fiscal en controles concretos para detectar señales de alerta en proveedores, permisos, facturas, pedimentos, cartas porte, calidad, transporte, pagos y trazabilidad.
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El huachicol fiscal no sobrevive porque México carezca de reglas. Sobrevive porque demasiadas autoridades ven fragmentos distintos de la misma operación: una revisa el pedimento, otra el permiso, otra el puerto, otra la calidad, otra el transporte, otra la factura y otra el dinero. Esta investigación explica cómo la fragmentación institucional se convirtió en una ventaja operativa para el mercado ilegal de combustibles.
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