El Gobierno reactivó cinco auditorías y puso bajo la lupa a 16 exfuncionarios y 3 ex empleados de Pemex por presuntos sobornos ligados a siete empresas estadounidenses. Te explicamos qué se investiga, quiénes son los señalados y qué sigue en el frente legal.
La noticia no pudo ser más directa: la Secretaría Anticorrupción y de Buen Gobierno reabrió cinco auditorías en Petróleos Mexicanos y puso en marcha una investigación que alcanza a 16 exfuncionarios y tres ex empleados por presuntos sobornos para la adjudicación de contratos. El disparador fue una causa penal en Texas que involucra a siete empresas de Estados Unidos y dos empresarios; México tomará esa información para robustecer sus propios expedientes.
El foco está en cuatro contratos: dos firmados en la administración de 2013–2018 y dos en 2020–2021. Las cifras clave: 217 millones de pesos (noviembre de 2013 a diciembre de 2020) y 89.1 millones (agosto de 2018 a diciembre de 2020); un tercero por 30.9 millones (marzo de 2020 a diciembre de 2021) que concluyó anticipadamente, y un cuarto por 52.9 millones que no se formalizó en 2020 debido a irregularidades. La línea de investigación apunta a pagos ilícitos para direccionar procesos y alteraciones de auditoría.
Ramón Alexandro Rovirosa Martínez fue detenido en Estados Unidos; Mario Alberto Ávila Lizárraga está prófugo y arrastra antecedentes de inhabilitación por su vinculación al caso Oceanografía (2014). La posición oficial subraya que actuaron fuera de la ley y de manera individual, por lo que deben ser sancionados si se acredita su responsabilidad. Además, se indaga a tres exfuncionarios identificados como Roberto “P.” (Abasto en Exploración y Producción), Juan “V.” (Mantenimiento y Construcción) y Erick “N.” (Exploración y Producción), este último señalado por presunta alteración de auditorías para exonerar empresas.
La ruta inmediata incluye reabrir las cinco auditorías, incorporar pruebas de la causa en Texas y fincar responsabilidades administrativas, civiles y penales donde proceda. En paralelo, el gobierno buscará recuperar recursos y resarcir daños: la consigna pública es “no habrá impunidad”. Más allá del impacto reputacional, el caso puede reordenar prácticas de contratación en áreas críticas (abasto, mantenimiento y construcción) y enviar señales a proveedores: controles más estrictos, mayor trazabilidad de pagos y riesgo de inhabilitación si se prueban sobornos. Para Pemex, el expediente es una prueba de estrés institucional: si las auditorías se sostienen en evidencias sólidas y las sanciones se ejecutan sin filias ni fobias, el caso puede convertirse en parteaguas para los procesos de compliance del sector energético.
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