Sheinbaum revela plan coordinado entre Energía y Seguridad para combatir el contrabando de combustibles que cuesta hasta $8,700 millones anuales a México. ¿Funcionará?
El gobierno federal puso en marcha un operativo sin precedentes contra el contrabando de combustibles, un delito que le cuesta al país entre 5,200 y 8,700 millones de dólares anuales en evasión fiscal. La presidenta Claudia Sheinbaum detalló este lunes la estrategia que coordinarán la Secretaría de Energía (Sener) y la Secretaría de Seguridad, con apoyo de las fuerzas armadas.
Rastreo administrativo (Sener): Implementará un sistema de trazabilidad integral que seguirá cada litro de combustible desde su importación o producción hasta la venta al público, cerrando vacíos legales de la reforma energética de 2013.
Operativos de inteligencia (SSPC): Realizará detenciones con base en investigaciones penales y datos de la Fiscalía General de la República, además de inhabilitar infraestructura usada para el delito.
"Ya se han inhabilitado buques con combustible ilegal, predios de almacenamiento clandestino y perforaciones ilegales en ductos", reveló Sheinbaum en su conferencia matutina.
10% de la demanda nacional de combustibles (700,000 barriles diarios) se abastece de mercado negro.
8 de cada 10 litros de combustible ilegal provienen de importaciones no registradas, según PetroIntelligence.
El huachicol fiscal equivale a 3 veces el presupuesto anual del IMSS en medicamentos.
Dato clave: La estrategia incluye colaboración con Estados Unidos para rastrear movimientos binacionales de hidrocarburos.
La ofensiva coincide con la reforma energética 2025 que fortalece a Pemex y CFE. Analistas sugieren que el gobierno busca:
Recuperar $1.5 dólares por cada litro que actualmente se evade en impuestos especiales (IEPS).
Frenar el drenaje financiero que debilita a Pemex, cuya deuda supera los $105,000 millones de dólares.
"Es como tapar las fugas de un barril agujereado: si no se atiende, por más que le inyectes recursos, nunca se llenará", explicó un experto de Verifigas a este medio.
Controles más estrictos en aduanas y puertos (SHCP).
Mayor vigilancia en 15 corredores críticos identificados por la SSPC.
Actualización tecnológica para detectar adulteración de combustibles.
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