Organizaciones advierten que el fracking pondría en riesgo el agua, la salud y los derechos de comunidades indígenas en la Huasteca y Sierra Norte.
La Huasteca Potosina y sus zonas hermanas en Veracruz, Hidalgo y Puebla enfrentan una amenaza ambiental sin precedentes: la posible reactivación de proyectos de fractura hidráulica (fracking) en la cuenca Tampico-Misantla, una de las regiones con mayor biodiversidad y riqueza hídrica del país. La Contraloría Autónoma del Agua de la Huasteca Potosina (CAAHP) ha lanzado una alerta contundente: el fracking no puede ser una opción sustentable para alcanzar la soberanía energética.
El Plan Estratégico de Pemex 2025–2035 contempla la exploración en “yacimientos de geología compleja”, un eufemismo que, según la CAAHP, encubre la intención de explotar lutitas mediante fracking. Esta técnica implica la inyección de millones de litros de agua mezclada con químicos a alta presión para fracturar la roca madre y liberar hidrocarburos.
Las consecuencias serían devastadoras:
Además, la Ley de Hidrocarburos permite la servidumbre legal, lo que facilitaría el ingreso de maquinaria pesada, camiones y pipas a territorios comunales, sin el consentimiento de las comunidades.
La CAAHP y diversas organizaciones sociales han señalado que el fracking contradice los compromisos ambientales del gobierno federal y la promesa de la presidenta Claudia Sheinbaum de no permitir esta técnica. Aunque el Plan de Pemex evita mencionar el término “fracking”, su contenido técnico apunta claramente a su implementación.
En respuesta, se ha reactivado el llamado a retomar la iniciativa de reforma constitucional presentada en 2024 por el expresidente Andrés Manuel López Obrador, que busca prohibir el fracking en el artículo 27 de la Constitución. La propuesta fue desechada por la legislatura anterior, pero podría ser reintroducida por el Ejecutivo.
La discusión no es solo técnica o energética. Es una disputa por el modelo de desarrollo que México quiere seguir:
La Huasteca se ha convertido en el epicentro de este debate. Y lo que se decida allí, marcará el rumbo de la política energética y ambiental del país.
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