El fracking en la Huasteca Potosina amenaza agua, biodiversidad y economía local. Analizamos impactos, riesgos y el debate energético nacional.
El amanecer en la Huasteca Potosina suele traer el murmullo de los ríos y el aroma a tierra húmeda. Pero hoy, en comunidades como Tamazunchale y Xilitla, el sonido metálico de maquinaria rompe la calma. “Nos dijeron que era exploración, pero sabemos lo que significa: fracking”, comenta don Aurelio, líder tének, mientras observa cómo los camiones avanzan por caminos antes reservados para el tránsito de campesinos y turistas.
La fractura hidráulica —inyectar agua, arena y químicos a alta presión para liberar hidrocarburos— ha regresado al centro del debate nacional. El Plan Estratégico de Pemex 2025-2030 contempla su uso en yacimientos no convencionales de la Huasteca, una región que no solo es rica en biodiversidad, sino también en historia y cultura. Para las comunidades, esta decisión revive viejas heridas: entre 2014 y 2018, intentos similares desataron movilizaciones que frenaron proyectos bajo el gobierno de Enrique Peña Nieto.
El fracking requiere millones de litros de agua por pozo, mezclados con químicos como benceno y tolueno, algunos cancerígenos. En una región donde los ríos son fuente de vida y sustento, la posibilidad de contaminación de acuíferos es una amenaza existencial. Además, la liberación de metano —un gas con efecto invernadero 80 veces más potente que el CO₂— agrava la crisis climática. Estudios advierten que la técnica puede inducir sismos y fragmentar ecosistemas, poniendo en riesgo especies endémicas y reservas naturales.
La Huasteca vive del maíz, la caña y el turismo ecológico. “Si el agua se contamina, ¿quién va a querer venir a nadar en nuestros ríos?”, pregunta María, dueña de una posada en Xilitla. Organizaciones como la Contraloría Autónoma del Agua alertan que el fracking podría colapsar actividades productivas clave, generando pérdidas millonarias y desplazamiento laboral. El impacto no se limita a lo local: inversionistas y empresas vinculadas a la economía regional enfrentan riesgos financieros por la volatilidad social y ambiental.
El Convenio 169 de la OIT obliga a realizar consulta previa, libre e informada antes de cualquier proyecto que afecte territorios indígenas. Sin embargo, autoridades comunitarias denuncian que Pemex no ha cumplido con este requisito. “No nos consultaron, solo nos avisaron”, afirma Guadalupe, representante nahua. Esta omisión no solo vulnera derechos humanos, sino que abre la puerta a litigios nacionales e internacionales.
El fracking en la Huasteca no es solo un tema ambiental: es un espejo del modelo energético mexicano. ¿Debe el país insistir en técnicas extractivas en plena transición hacia energías limpias? Para Pemex, la respuesta es pragmática: aumentar la producción y reducir importaciones. Para las comunidades, la pregunta es otra: ¿vale la pena sacrificar agua, tierra y cultura por unos años más de petróleo?
📌 Conclusión: El fracking en la Huasteca Potosina enfrenta un dilema ético y estratégico. Si bien promete ingresos y autosuficiencia energética, sus costos ambientales, sociales y reputacionales podrían ser irreversibles. El desenlace dependerá de la capacidad del Estado para equilibrar desarrollo y derechos, en un contexto donde la sostenibilidad ya no es opcional, sino urgente.
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