Organizaciones denuncian que el nuevo Plan Estratégico 2025–2035 de Pemex incluye fracking bajo el término 'yacimientos de geología compleja', reavivando un debate ambiental y político que parecía cerrado en México.
En un país donde el fracking parecía condenado al archivo muerto de la política energética, un término técnico ha reavivado las sospechas: “yacimientos de geología compleja”. Así, de forma discreta pero estratégica, Petróleos Mexicanos (Pemex) incluyó en su Plan Estratégico 2025–2035 una línea de acción que, según organizaciones ambientalistas, abre la puerta a retomar la fractura hidráulica en México.
El anuncio oficial del plan, hecho por la presidenta Claudia Sheinbaum y el director de Pemex, Víctor Rodríguez Padilla, no mencionó una sola vez la palabra fracking. Sin embargo, para la Alianza Mexicana contra el Fracking, la redacción es “un disfraz semántico” para avanzar en la explotación de gas no convencional, principalmente en formaciones como la Cuenca de Burgos, el Sabinas–Burro–Picachos y zonas del Chicontepec, donde la técnica de fractura hidráulica ha sido debatida y rechazada durante más de una década.
“Es una jugada de palabras para confundir a la ciudadanía y protegerse del costo político que implica admitir que se retomará el fracking”, dijo en entrevista una vocera de la Alianza. El colectivo recuerda que la técnica no solo implica enormes consumos de agua y químicos tóxicos, sino que en México ha dejado un historial de denuncias por contaminación de acuíferos y afectaciones a comunidades rurales.
En el documento, Pemex plantea que la explotación de estos yacimientos “permitirá incrementar la producción de gas natural para abastecer el mercado interno y reducir la dependencia de importaciones”. El objetivo se alinea con la meta gubernamental de autosuficiencia energética, pero sin detallar el tipo de métodos a utilizar.
El fracking ha sido un tema tabú en la agenda nacional. Durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, el discurso oficial fue de rechazo, aunque diversos reportes señalaron actividades que cumplían con su definición técnica. Ahora, bajo el gobierno de Sheinbaum, las organizaciones ambientalistas ven un giro preocupante: más gas fósil en un contexto mundial que empuja hacia las renovables.
Expertos energéticos consultados señalan que, detrás de esta medida, hay un desafío real: las reservas probadas de gas en México llevan más de dos décadas en declive, y la dependencia de importaciones desde Estados Unidos ronda el 70 % del consumo nacional. En ese sentido, la explotación de yacimientos no convencionales es una tentación económica, aunque con un alto costo ambiental y social.
En Tamaulipas, Coahuila y Veracruz, líderes comunitarios ya han comenzado a organizar reuniones informativas. “Nos preocupa que esto llegue disfrazado de ‘proyecto de desarrollo’ cuando en realidad implica afectar nuestra agua y nuestra salud”, declaró un representante ejidal de la región de Burgos.
Organizaciones como la Alianza advierten que esta decisión contradice los compromisos de México en materia de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero y protección de los derechos humanos. Además, insisten en que el fracking no es un combustible de transición, sino una extensión de la dependencia fósil.
La polémica apenas comienza. Si Pemex avanza con esta estrategia, se avecina una disputa que combinará argumentos legales, presión política y movilización social. El plan, presentado como una apuesta por la viabilidad económica de la petrolera sin subsidios a partir de 2027, podría terminar siendo el detonante de un conflicto abierto entre el gobierno, la industria y las comunidades.
Como dicen los propios activistas: “No es solo un debate técnico, es un debate sobre el futuro de México. Y no estamos dispuestos a quedarnos callados”.
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