El gobierno federal abre la puerta al uso de fracking para explotar gas shale en Coahuila, una técnica vetada por López Obrador. Pemex busca reducir la dependencia del gas importado y detonar la producción nacional.
El gobierno de Claudia Sheinbaum ha dado un giro inesperado en la política energética nacional: Pemex contempla el uso de fracking para explotar gas shale en Coahuila, una técnica que fue vetada y estigmatizada durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador. El anuncio, hecho por el director general de la petrolera, Víctor Rodríguez Padilla, marca un punto de inflexión en la estrategia de autosuficiencia energética del país.
Durante la presentación del Plan Estratégico 2025–2035, Rodríguez Padilla fue directo: “México tiene un potencial muy importante de gas natural en recursos no convencionales. ¿Por qué no explotarlo?”. La meta es ambiciosa: elevar la producción nacional de gas natural de 3,500 a 5,000 millones de pies cúbicos diarios, en buena parte mediante la explotación de yacimientos que solo pueden desarrollarse con fractura hidráulica.
El mensaje no es menor. México importa más del 90% del gas que consume, principalmente desde Estados Unidos. La dependencia energética, reconoció el funcionario, representa un riesgo estratégico. “Necesitamos ese gas, y debe ser gas nacional”, sentenció ante la secretaria de Energía, Luz Elena González, y el titular de Hacienda, Édgar Amador Zamora.
El cambio de postura contrasta con la narrativa del sexenio anterior. En 2024, López Obrador propuso una reforma constitucional para prohibir expresamente el fracking, argumentando daños al medio ambiente y a la salud pública. Hoy, esa iniciativa ha quedado archivada, y el nuevo gobierno apuesta por una visión más pragmática: usar los recursos fósiles para financiar la transición energética.
Coahuila, con vastas reservas de gas shale, se perfila como el epicentro de esta nueva etapa. Según la Administración de Información Energética de EE.UU. (EIA), México cuenta con 681 trillones de pies cúbicos de gas shale técnicamente recuperable, lo que lo ubica como el cuarto país con mayor potencial en el mundo.
El dilema es claro: ¿puede México avanzar hacia una transición energética sin renunciar al gas no convencional? Para el gobierno de Sheinbaum, la respuesta es sí, siempre que se haga con regulación, tecnología y responsabilidad ambiental. Pero el debate apenas comienza. Organizaciones ambientales ya han advertido que el fracking implica riesgos para los acuíferos, el subsuelo y las comunidades rurales.
La decisión de reabrir esta puerta no solo tendrá implicaciones técnicas y económicas, sino también políticas. Sheinbaum se distancia de su antecesor, y al hacerlo, redefine el rumbo de Pemex y del modelo energético nacional.
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