El Departamento de Justicia de EE.UU. acusa a dos empresarios mexicanos por sobornos a funcionarios de Pemex. El caso revela vínculos con cárteles y contratos por 2.5 mdd.
En una oficina de la Corte de Distrito en Texas, el fiscal Matthew R. Galeotti revisa los documentos que podrían sacudir los cimientos de la principal empresa estatal mexicana. El Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) acaba de acusar formalmente a dos empresarios mexicanos por presuntamente sobornar a funcionarios de Petróleos Mexicanos (Pemex) y su filial Pemex Exploración y Producción (PEP), entre 2019 y 2021, para obtener contratos por al menos 2.5 millones de dólares.
Los acusados son Ramón Alexandro Rovirosa Martínez, de 46 años, originario de Villahermosa, Tabasco, y Mario Alberto Ávila Lizárraga, de 61, exfuncionario federal y político panista. Ambos residían legalmente en Texas. Según el DOJ, ofrecieron al menos 150 mil dólares en efectivo, además de artículos de lujo como relojes Hublot y productos Louis Vuitton, a tres funcionarios de Pemex y PEP.
Rovirosa, dueño de Roma Energy y otras empresas del sector petrolero y construcción, ya había participado en licitaciones de Pemex. Ávila, por su parte, fue subdirector de Mantenimiento y Logística en PEP durante el sexenio de Felipe Calderón. En 2015 fue inhabilitado por la extinta Secretaría de la Función Pública por irregularidades en contratos con Oceanografía.
La acusación del DOJ no sólo señala corrupción, sino también posibles vínculos de Rovirosa con cárteles mexicanos. Aunque los nombres de los funcionarios sobornados no han sido revelados, el caso ocurre durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, cuando Pemex estaba bajo la dirección de Octavio Romero Oropeza, hoy titular del Infonavit.
Ambos empresarios enfrentan un cargo de conspiración para violar la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA) y tres cargos adicionales por violaciones sustanciales de la misma ley. De ser encontrados culpables, podrían enfrentar hasta cinco años de prisión por cada cargo.
Rovirosa fue arrestado y presentado ante un juez. Ávila, en cambio, se encuentra prófugo. El mensaje del DOJ es claro: no se tolerará el enriquecimiento ilícito a costa de la transparencia y la competencia justa.
Este caso se suma a una larga lista de escándalos que han rodeado a Pemex en las últimas décadas. La petrolera, que busca reposicionarse en el mercado energético global, enfrenta ahora una nueva crisis de credibilidad. La falta de transparencia en sus procesos de contratación y la persistencia de redes de corrupción ponen en duda su capacidad para operar bajo estándares internacionales.
Mientras tanto, en Villahermosa, los vecinos de Rovirosa recuerdan su ascenso empresarial con mezcla de admiración y sospecha. “Siempre tuvo contactos, pero nadie imaginó esto”, comenta un exsocio que prefiere el anonimato. En Campeche, el nombre de Ávila aún resuena en círculos políticos, aunque ahora con un tono de escándalo.
Este caso no sólo pone en evidencia la vulnerabilidad de Pemex ante prácticas corruptas, sino también la necesidad urgente de fortalecer los mecanismos de control y rendición de cuentas en el sector energético mexicano.
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