Dos empresas acusan a Pemex de incumplimientos contractuales y exigen pagos millonarios ante tribunales internacionales; la petrolera solo ha reservado 48 mdp para litigios.
Petróleos Mexicanos (Pemex) enfrenta una nueva presión financiera: dos empresas han iniciado procesos legales internacionales que podrían costarle más de 11 mil millones de pesos, mientras la petrolera solo ha reservado 48 millones para litigios. Los casos, ambos en tribunales de la Cámara Internacional de Comercio (CIC), involucran acusaciones por incumplimientos contractuales.
El primero fue presentado por Monterra Energy, que reclama 6,010 millones de pesos por la cancelación de un contrato para adquirir una terminal de almacenamiento en Tuxpan, Veracruz, clausurada en 2021 por la CRE con apoyo de la Guardia Nacional. Monterra alega trato discriminatorio y ya había advertido en 2022 que buscaría un arbitraje por 667 millones de dólares.
El segundo caso lo encabeza Hokchi Energy, principal productora privada de crudo en México, que exige 276.6 millones de dólares (unos 5,520 millones de pesos) por petróleo entregado y no pagado bajo contratos de producción compartida. La empresa asegura que Pemex no ha cubierto los pagos desde octubre de 2024, pese a intentos de conciliación.
Otros litigios activos incluyen demandas menores por parte de Compañía Minera San Alejandro, Micro Smart Systems, EMS Energy Services y Odebrecht, aunque sus montos son significativamente menores.
La falta de provisiones adecuadas para estos juicios, sumada a la creciente deuda con proveedores y los desafíos operativos, refleja un riesgo estructural para Pemex que podría escalar si no se atienden con prontitud los compromisos legales y contractuales.
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