La presidenta Claudia Sheinbaum y el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, desmintieron que la Marina y la FGR hayan protegido a 'Don Checo', líder de una red de robo de hidrocarburos. Aseguran que ambas instituciones encabezaron el operativo que lo detuvo.
La reciente publicación de más de 2,000 audios que supuestamente vinculan a “Don Checo”, líder de una red de robo de hidrocarburos, con funcionarios de la Secretaría de Marina (Semar) y de Pemex, desató una ola de especulaciones sobre presunta protección institucional al crimen organizado.
En los audios, se escucha al presunto líder criminal ordenar reuniones con elementos de la Marina, pagar hasta 25,000 pesos semanales a funcionarios de Pemex, y recibir alertas sobre cateos en bodegas donde almacenaba combustible robado.
El primero en responder fue el secretario de Seguridad Pública, Omar García Harfuch, quien desmintió categóricamente cualquier vínculo entre las instituciones señaladas y el grupo criminal.
“Las investigaciones continúan y no hay un solo indicio o prueba sobre una colusión de las dos instituciones referidas. Fueron precisamente estas instituciones las que desarticularon esta red criminal”, escribió en sus redes sociales.
Harfuch detalló que la detención de “Don Checo” fue el resultado de seis meses de trabajo de inteligencia, en coordinación con la Marina. El operativo culminó con la detención de 32 personas, el aseguramiento de 16 millones de pesos, 21 tractocamiones, 8 pipas, contenedores, un tanque estacionario y hasta animales exóticos.
Durante su conferencia matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum respaldó la versión de Harfuch y defendió el papel de la Marina y la Fiscalía General de la República (FGR) en el operativo.
“Imagínense, se acusa que hay vínculos y es la propia Secretaría de Marina quien encabeza este operativo, obviamente con la FGR. Hay libertad de expresión, pero también derecho de réplica”, afirmó.
Sheinbaum subrayó que las acusaciones deben considerar la postura institucional, no solo de elementos individuales. “Cuando se va a acusar a una institución del tamaño de la Secretaría de Marina, que tiene el mayor reconocimiento del pueblo de México, es fundamental escuchar su versión”, añadió.
El caso de “Don Checo” revela la persistencia del huachicoleo en el centro del país, particularmente en Ciudad de México, Estado de México y Querétaro. Su grupo perforaba ductos para extraer gas LP y gasolina, almacenaba el combustible en bodegas y lo distribuía ilegalmente a través de gasolineras.
Este tipo de operaciones no solo representa un riesgo para la seguridad energética, sino que también erosiona la confianza pública en las instituciones encargadas de combatir el crimen organizado.
La respuesta del gobierno federal busca contener el daño reputacional a dos de las instituciones más relevantes en materia de seguridad nacional. Sin embargo, el caso también evidencia la necesidad de reforzar los mecanismos de control interno, garantizar la transparencia en las investigaciones y mantener una comunicación clara y oportuna ante filtraciones que pueden ser utilizadas para desinformar o desestabilizar.
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