La ASF revela que Pemex pagó 5,544 millones de pesos sin análisis de costo-beneficio ni aviso a su Consejo de Administración, encendiendo las alarmas sobre la gestión financiera de la petrolera.
La Auditoría Superior de la Federación (ASF) vuelve a encender los reflectores sobre Petróleos Mexicanos (Pemex) con un hallazgo que huele a desorden financiero y, para muchos, a un coctel de mala planeación y opacidad. Según el informe más reciente, Pemex habría soltado 5,544 millones de pesos a proveedores y contratistas sin un análisis de costo-beneficio y, peor aún, sin avisarle al Consejo de Administración (CAPEMEX). No es la primera vez que la petrolera enfrenta observaciones así, pero cada caso aumenta la incertidumbre en torno al manejo de los miles de millones que maneja esta empresa estatal.
De acuerdo con la ASF, se auditó un total de 42,911 millones de pesos, en los que se incluyen pagos a través de factoraje bilateral, Cadenas Productivas PEMEX Plus y emisión de bonos. Al revisar de cerca poco más de 37,367 millones dentro de ese paquete, se toparon con el pastel extra: 5,544 millones de pesos que Pemex destinó a supuestos costos financieros, sin ni siquiera voltear a ver si era conveniente o no. Y mientras eso pasaba, el Consejo de Administración seguía en las sombras, porque nadie le informó un centavo de lo que ocurría.
La ASF también halló diferencias en los registros contables, por más de 2,164 millones de pesos y 8.6 millones de dólares, entre lo que Pemex decía haber pagado y lo que las instituciones financieras tenían anotado. Todo se presta a suspicacias: ¿acaso se pagaron cosas inexistentes?, ¿hubo facturas infladas o simples confusiones administrativas? Lo cierto es que la ASF puso el dedo en la llaga: Pemex no verificó si esos adeudos eran reales. La petrolera, como de costumbre, pide calma; sin embargo, un escándalo más sobre irregularidades no pasa desapercibido en un sexenio que se ufana de combatir la corrupción.
¿Y las consecuencias prácticas de este entuerto? Para empezar, hay un riesgo financiero clarísimo: sin un control estricto, es factible que se estén despilfarrando miles de millones en sobrecostos, o peor aún, en pagos que no se justifican. Luego, la falta de transparencia golpea la credibilidad del gobierno y de la propia Pemex, que, en teoría, debería mostrar avances en su gobernanza corporativa. Por último, hay quienes temen que estos líos terminen perjudicando a los proveedores legítimos, que ven cómo la empresa podría retrasar nuevos pagos si se emprenden investigaciones o bloqueos por supuestas irregularidades.
El dictamen de la ASF es concluyente: Pemex necesita apretar las tuercas en su control interno, encender la lupa en los pagos, y dejarse de jugar al misterio con su Consejo de Administración. Dicho en pocas palabras, hace falta que la petrolera se ponga las pilas antes de que la bola de nieve se haga más grande y ponga en jaque los planes e inversiones en un sector tan decisivo para las finanzas públicas como el petrolero.
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