Expertos alertan que las Notas Pre-Capitalizadas convierten deuda de Pemex en deuda pública, sin exigir eficiencia ni resultados a la petrolera estatal.
La estrategia del Gobierno federal para rescatar financieramente a Pemex ha encendido las alarmas entre analistas del sector energético. La próxima emisión de Notas Pre-Capitalizadas (P-Caps), diseñada para aliviar la carga financiera de la petrolera estatal, fue calificada como un “Pemexproa” por el consultor Gonzalo Monroy, director de GMEC, en referencia al polémico Fobaproa de los años noventa.
“Es deuda pública disfrazada. Pemex no se compromete a ser más eficiente, ni a reducir costos, ni a rendir cuentas. Es dinero regalado con cargo al erario”, advirtió Monroy durante un foro abierto en X. Según el especialista, los recursos no se destinarán a inversión productiva —como pozos o refinerías— sino al pago de pasivos financieros con tenedores de bonos, sin impacto directo en la operación petrolera.
La petrolera estatal acumula una deuda cercana a los 200 mil millones de dólares, que incluye 97 mil millones de largo plazo, más de 20 mil millones a proveedores y un pasivo laboral de 70 mil millones, además de contratos de suministro e insumos. La emisión de P-Caps no contempla condiciones de eficiencia ni metas operativas, y si Pemex no puede pagar, el Gobierno absorberá el compromiso.
El esquema contempla una amortización en cuatro fases, aunque aún no se define el monto ni la tasa de interés. Según Víctor Gómez Ayala, economista en jefe de Finamex, los bonos podrían colocarse a una tasa del 6%, mientras que los Bonos del Tesoro que se usarán como respaldo rendirían 4.5%, generando un diferencial que también asumiría el erario.
La emisión de P-Caps podría presionar la calificación crediticia de México, al incrementar los requerimientos financieros del sector público, que ya incluye la deuda de Pemex, CFE y otras entidades. Aunque el Gobierno busca evitar un colapso financiero de la petrolera, la falta de una estrategia estructural para su reordenamiento genera incertidumbre.
Monroy advirtió que, si el esquema funciona, podría repetirse durante el sexenio de la presidenta Claudia Sheinbaum, hasta 2030. Pero si falla, el costo lo pagarán los contribuyentes.
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