La colocación de bonos precapitalizados busca aliviar la deuda de Pemex sin impactar directamente las finanzas públicas, pero expone al gobierno a riesgos fiscales si la operación falla.
Petróleos Mexicanos (Pemex) está por ejecutar una de las maniobras financieras más complejas de su historia reciente: la colocación de bonos precapitalizados, conocidos como P-Caps, con vencimiento en agosto de 2030. Esta operación, estructurada a través de la entidad Eagle Funding LuxCo, busca levantar hasta 10 mil millones de dólares sin que la deuda figure directamente en los libros del gobierno mexicano.
La estrategia, respaldada por la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum, tiene como objetivo aliviar la presión sobre la petrolera más endeudada del mundo, cuya carga financiera supera los 100 mil millones de dólares. Pero el mecanismo elegido —aunque ingenioso— no está exento de riesgos fiscales y reputacionales.
Los bonos precapitalizados son instrumentos respaldados por activos. En este caso, el gobierno mexicano utilizará los recursos obtenidos de los inversionistas para comprar bonos del Tesoro de Estados Unidos, que luego serán entregados a Pemex como garantía para obtener financiamiento en el mercado de recompra (repo market).
Pemex podrá usar esos recursos como considere necesario, ya sea para refinanciar deuda, cubrir pasivos operativos o financiar inversiones. Sin embargo, si la petrolera no logra devolver los préstamos, los bancos ejecutarán la garantía y los tenedores de P-Caps perderán su respaldo, convirtiendo la deuda en un riesgo soberano para México.
La emisión será realizada por Eagle Funding LuxCo, una entidad creada ex profeso para mantener la operación fuera del balance fiscal. Las discusiones iniciales apuntan a un rendimiento de 200 puntos base sobre los bonos del Tesoro estadounidense, lo que refleja el riesgo percibido por los inversionistas.
Aunque técnicamente no se trata de deuda pública directa, el riesgo de impago por parte de Pemex podría traducirse en una obligación implícita del Estado mexicano, especialmente si los mercados interpretan que el gobierno actuará como garante de último recurso.
La operación representa una apuesta política y financiera de alto calibre para la administración de Sheinbaum. Si tiene éxito, podría mejorar la calificación crediticia de Pemex —actualmente en Ratings Watch Positive por parte de Fitch— y dar margen de maniobra al gobierno sin comprometer su perfil fiscal inmediato.
Pero si falla, el costo podría ser doble: una pérdida de confianza en la estrategia financiera del nuevo gobierno y una presión directa sobre las finanzas públicas, justo cuando se busca mantener la estabilidad macroeconómica y avanzar en la transición energética.
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