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Por falsear información para obtener contrato del IMP, multan e inhabilitan a Market Solutions Atmosphera

Market Solutions Atmosphera recibe multa de 924 mil pesos e inhabilitación por 21 meses tras irregularidades en licitación con el IMP.

Por falsear información para obtener contrato del IMP, multan e inhabilitan a Market Solutions Atmosphera

La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno confirmó la sanción contra Market Solutions Atmosphera, S. de R.L. de C.V., tras acreditarse que presentó documentación falsa para simular experiencia técnica en una licitación con el Instituto Mexicano del Petróleo (IMP), brazo tecnológico de Pemex. El Órgano Interno de Control determinó que la empresa actuó con dolo, lo que derivó en una multa de 924,403 pesos y una inhabilitación por 21 meses para participar en contratos, adquisiciones y servicios con dependencias del Gobierno Federal.

La resolución, publicada en el Diario Oficial de la Federación, también ordena la inscripción de la compañía en el Directorio de Proveedores y Contratistas Sancionados, lo que le impide operar directa o indirectamente en procesos de contratación pública mientras dure la sanción. La dependencia advirtió que, aunque la empresa puede impugnar la medida, defenderá la legalidad de la resolución en protección del interés público.

Más allá de la sanción, el caso revela riesgos sistémicos en los procesos de contratación pública y la necesidad de fortalecer los mecanismos de verificación documental. La Ley General de Responsabilidades Administrativas establece que las faltas graves cometidas por particulares pueden implicar multas millonarias e inhabilitaciones prolongadas, como ocurrió en este caso.

Market Solutions Atmosphera mantiene contratos vigentes con los gobiernos estatales de Tabasco, Quintana Roo y Baja California, y vínculos indirectos con el Gobierno de Campeche a través de Olam Energy, empresa que ha participado en proyectos de iluminación urbana en Ciudad del Carmen. Estas relaciones abren interrogantes sobre el alcance de la sanción y la capacidad de las autoridades para evitar triangulaciones que burlen la inhabilitación.

El mensaje es claro: mentir para obtener contratos públicos tiene consecuencias. En un contexto donde la transparencia y la integridad son pilares para la confianza ciudadana, este caso se convierte en un precedente que refuerza la vigilancia sobre las prácticas empresariales en el sector energético y tecnológico.

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