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Descubre por qué la nueva propuesta de la ATDT, que impone un gravamen a los proveedores de internet satelital, podría frenar la expansión de este servicio en regiones donde la fibra óptica no llega.
La Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT), según un borrador de la nueva Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión (LFTyR), plantea imponer hasta 5% de impuesto sobre los ingresos de quienes utilicen espectro radioeléctrico para ofrecer internet satelital. La medida, que supuestamente serviría para que el gobierno adquiera su propio satélite, ha levantado cejas y críticas por parte de especialistas que ven en ella un obstáculo a la expansión de este servicio, especialmente en las comunidades alejadas de las ciudades, donde la fibra óptica no llega ni por asomo.
Para Jorge Bravo, presidente de la Asociación Mexicana del Derecho a la Información (Amedi), este gravamen se traduciría en una “barrera de entrada” para una tecnología que —dicen— tiene el potencial de cerrar la brecha digital. Y no es para menos: empresas como Starlink, HughesNet, Viasat, Globalsat y AXESS han tomado fuerza en México en los últimos años, ofreciendo conectividad donde antes no había más que silencio en la red. El hecho de que la CFE Telecomunicaciones e Internet Para Todos (CFE-TEIT) se apoye en operadores satelitales para llevar internet a zonas recónditas muestra la relevancia de esta industria. Incluso ha habido contratos millonarios, como el de Starlink por 778 mil 39 millones de pesos, con vigencia hasta 2026, que impulsan el crecimiento exponencial de este segmento.
La postura oficial del gobierno de Claudia Sheinbaum es que esos impuestos sirvan para financiar un satélite nacional, reduciendo la dependencia de operadores extranjeros. Sin embargo, como cuestiona Bravo, pretender costear un proyecto tan ambicioso con nuevos gravámenes pondría la carga en los mismos privados que ya invierten en infraestructura y despliegan servicios. Sería un golpe doble: suben los costos para las empresas y, con ello, el tan buscado internet para comunidades rurales podría volverse un lujo o, en el peor de los casos, quedarse en el tintero.
En la práctica, el internet satelital ha mostrado ser una herramienta clave para cubrir ese 10% del territorio nacional donde la fibra óptica no llega. Y ni qué decir de emergencias naturales o fenómenos climáticos: tener un enlace satelital puede marcar la diferencia entre la incomunicación total y la capacidad de respuesta inmediata. Por ello, voces como la de David Santivañez, CEO de GameMetron Law Firm, insisten en que el internet satelital es vital para la soberanía digital del país y el desarrollo socioeconómico de zonas marginadas. Aplicar una nueva cuota impositiva —en nombre de un eventual satélite gubernamental— se antoja una estrategia riesgosa que podría espantar a los inversionistas, en vez de animarlos a expandir la cobertura.
En el fondo, lo que muchos expertos piden es certidumbre regulatoria y colaboración con las empresas, no un esquema meramente recaudatorio. “Si se quiere lanzar un satélite propio, hay que encontrar otras vías de financiamiento”, sugieren. Al final, la gran pregunta es si la nueva Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, con sus nobles intenciones, no terminará saboteando sus propios objetivos de inclusión digital. Queda por ver si, en su forma definitiva, esta iniciativa hallará el balance entre promover el despliegue satelital y nutrir un proyecto nacional de conectividad, sin terminar por darle un portazo a la industria que más está haciendo por la cobertura de internet en los lugares más apartados.
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