laura.fernandez
El proyecto de reforma telecom privilegiaría a Altán Redes con espectro gratuito y acceso al mercado minorista, generando desventajas para competidores privados. ¿Es esto justo para el sector?
El gobierno federal está a punto de cambiar las reglas del sector telecom, y no precisamente para nivelar el campo de juego. El proyecto de ley en discusión huele a favoritismo institucionalizado hacia Altán Redes, la empresa rescatada con dinero público que ahora podría convertirse en el operador preferido del Estado.
Espectro gratuito: Mientras Telcel, AT&T y Movistar pagan millones por frecuencias, Altán podría obtenerlas sin costo.
Acceso al mercado minorista: La puerta trasera que le permitiría competir directamente con los mismos a quienes provee.
Regulador bajo el Ejecutivo: Quien controla las reglas también es dueño del jugador. ¿Conflicto de interés?
"Es como si el árbitro del partido también fuera el dueño del equipo local", comenta un analista del sector que pidió anonimato.
Defensores argumentan:
Altán necesita herramientas para ser competitiva tras su rescate
Mayor participación estatal garantizaría cobertura social
Podría bajar precios al romper oligopolios existentes
Críticos contraatacan:
Violaría el T-MEC al distorsionar la competencia
Desincentivaría la inversión privada (¿para qué arriesgar si las reglas cambian?)
CFE Telecom + Altán = monopolio disfrazado
El dato incómodo: Altán debe $490 millones de dólares al erario, pero sigue recibiendo prebendas como pagos tardíos de impuestos por espectro.
¿Por qué una empresa rescatada con dinero público compite ahora en mercados urbanos rentables en lugar de enfocarse en zonas marginadas?
¿Cómo justificar espectro gratuito para algunos cuando otros pagan entre los precios más altos del mundo?
¿Realmente beneficia al usuario final esta asimetría regulatoria?
Para los que dudan del peligro: BAIT (Walmart) ya frota sus manos, pues como principal cliente de Altán, tendría acceso privilegiado al 5G que la nueva ley podría regalar.
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Último dato: Expertos estiman que esta reforma podría costarle al país hasta $3,000 millones en inversión privada evaporada. ¿Vale la pena el riesgo? Comenta y comparte tu postura.
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