Municipios, estados y dependencias federales adeudan 46 mil mdp a la CFE, afectando infraestructura y transición energética.
La Comisión Federal de Electricidad (CFE) enfrenta una de las carteras vencidas más grandes de su historia: 46,420 millones de pesos adeudados por municipios, estados y dependencias federales. Esta cifra, revelada en una solicitud de transparencia, representa no solo un pasivo contable, sino una amenaza directa a la ejecución de proyectos estratégicos en generación, transmisión y distribución eléctrica.
El rezago se distribuye entre 25 gobiernos estatales que deben 14,524 millones, 1,786 ayuntamientos con 16,123 millones, y dependencias federales que acumulan 15,771 millones. Las entidades con mayores adeudos son Chihuahua (4,267 millones), Sonora (2,484 millones) y Chiapas (2,459 millones), seguidas por Tabasco y Baja California. En conjunto, estos recursos no ingresaron al erario de la CFE, limitando su capacidad de inversión en infraestructura crítica.
La situación ha encendido alertas en el sector energético. La falta de pago compromete la ejecución del Plan de Expansión 2025–2030, que contempla 158 proyectos estratégicos y una inversión superior a 124 mil millones de pesos. Sin liquidez suficiente, la empresa pública enfrenta dificultades para avanzar en la modernización de subestaciones, líneas de transmisión y plantas de generación, muchas de ellas orientadas a energías limpias.
Además del impacto operativo, el rezago fiscal refleja una crisis de gestión en los tres niveles de gobierno. La morosidad en el pago de servicios básicos como la electricidad no solo afecta la calidad del suministro, sino también la seguridad energética del país. En zonas como el sur-sureste, donde la demanda crece por el nearshoring y los megaproyectos federales, la falta de recursos puede traducirse en apagones, sobrecargas y retrasos en la interconexión de nuevas industrias.
Ante este panorama, legisladores han propuesto facultar a la CFE para condonar o reestructurar adeudos históricos, especialmente en sectores como educación y salud. La iniciativa busca liberar recursos locales para infraestructura y servicios públicos, pero también plantea condiciones: los gobiernos beneficiados deberán adoptar tecnologías más eficientes y comprometerse con la modernización energética.
La recuperación de esta cartera vencida es clave para que la CFE mantenga su papel como eje articulador del desarrollo nacional. En un contexto de transición energética y presión fiscal, cada peso cuenta. Y cada adeudo impide que la electricidad llegue donde más se necesita.
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