El gobierno de Baja California recuperó 172 millones de pesos tras la nulidad del contrato con Next Energy y Banca Afirme, en un caso que expone fallas regulatorias y financieras en proyectos renovables.
El Gobierno de Baja California confirmó la recuperación de 172 millones de pesos tras la nulidad definitiva del contrato firmado con Next Energy y Banca Afirme, relacionado con el fallido proyecto de una planta fotovoltaica en Mexicali. La resolución judicial, anunciada por el consejero jurídico Juan José Pon Méndez, marca un precedente en la defensa del patrimonio público frente a esquemas financieros opacos y sin sustento técnico.
El proyecto, promovido en 2021 durante la administración de Jaime Bonilla Valdez, contemplaba la construcción de una planta solar para abastecer el sistema de bombeo del Río Colorado. Sin embargo, fue cancelado en 2022 por la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda, ante la falta de permisos federales clave por parte de la CNE y la Semarnat, así como por la ausencia de viabilidad técnica y financiera.
El contrato incluía un fideicomiso respaldado con participaciones federales, lo que implicaba un riesgo directo para las finanzas estatales. La devolución del dinero se concretó tras la detención de Nabor Medina Garza, directivo fiduciario de Afirme, y la firma de un acuerdo reparatorio. Aunque Medina fue liberado, la Fiscalía General del Estado mantiene abiertas investigaciones contra otros exfuncionarios implicados.
El monto recuperado incluye los 123 millones de pesos retenidos desde enero de 2022, más los rendimientos financieros acumulados hasta julio de 2025. La gobernadora calificó la acción como una “recuperación histórica” y reiteró que “ni un solo peso del pueblo de Baja California se va a perder”.
Este caso expone las debilidades en la planeación y regulación de proyectos energéticos estatales, donde la falta de coordinación con autoridades federales y el uso de esquemas financieros sin transparencia pueden derivar en pérdidas millonarias. También subraya la importancia de contar con permisos previos, viabilidad técnica y marcos regulatorios claros antes de comprometer recursos públicos en infraestructura energética.
La investigación continúa, y el gobierno estatal ha reiterado que se buscará deslindar responsabilidades administrativas y penales. Mientras tanto, el caso Next Energy se convierte en un referente para futuras iniciativas de generación renovable en México.
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