La diputada Daylín García propone crear un Fondo para la Transición del Uso de Energía Renovable y un sistema de certificación de ahorro energético que beneficiaría a empresas bajacalifornianas, reduciría la contaminación en Mexicali y aliviaría el gasto público en salud.
El Congreso de Baja California recibió una iniciativa que puede cambiar la forma en que la industria local consume energía. La diputada Daylín García Ruvalcaba (MC) propuso reformar la Ley de Fomento a la Competitividad y Desarrollo Económico para crear el Fondo para la Transición del Uso de Energía Renovable, un mecanismo financiero destinado a ayudar a las empresas a dejar atrás los combustibles fósiles.
Contaminación récord. Mexicali se ubica entre las ciudades más contaminadas del país y el 75 % de la electricidad estatal todavía proviene de fuentes no renovables.
Impacto en salud y gasto público. Enfermedades respiratorias ligadas a la quema de hidrocarburos y leña disparan los costos médicos, presionando el presupuesto de salud estatal, argumentó García.
Empuje económico. El nuevo fondo facilitaría créditos y subsidios a proyectos solares, eólicos y de eficiencia, con un guiño especial a pymes que hoy no tienen acceso a financiamiento verde.
Capital semilla público con aportaciones posteriores de la banca de desarrollo y organismos internacionales.
Tasa preferencial y plazos largos para reconversión de procesos industriales.
Prioridad para proyectos que reduzcan emisiones en la zona metropolitana de Mexicali.
La propuesta va acompañada de otra reforma a la Ley de Impulso a la Eficiencia Energética, que introduce una certificación estatal de ahorro energético. Las empresas que demuestren acciones como captación pluvial, ventilación natural o gestión de residuos recibirían ese sello y tendrían prioridad en futuros apoyos.
Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra–Mexicali): calificó la medida como “paso lógico” para mantener competitividad frente a California, donde los estándares verdes son cada vez más estrictos.
Ambientalistas locales: celebran la iniciativa, pero piden metas claras de reducción de emisiones y transparencia en la asignación de recursos.
Sector salud: epidemiólogos del Hospital General estiman que un descenso de 10 % en PM₂.₅ evitaría hasta 150 hospitalizaciones al año.
La iniciativa quedó turnada a las comisiones de Desarrollo Económico y Energía del Congreso estatal. Se espera que inicien foros con empresarios y academia antes del receso legislativo de verano.
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