La presidenta Claudia Sheinbaum negó que exista una causa jurídica para que Iberdrola abandone México y aseguró que hay diálogo abierto con la empresa sobre nuevos proyectos.
La posible salida de Iberdrola de México volvió a encender el debate sobre la relación entre el gobierno federal y las empresas privadas del sector energético. Sin embargo, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo fue clara: “No hay razón para que se vayan”.
Durante su conferencia matutina del 24 de julio, la mandataria respondió a los reportes del medio español El Confidencial, que aseguran que la energética española habría contratado a Barclays para vender 15 plantas de generación renovable en México, valuadas en 4,000 millones de euros, como parte de una estrategia de salida por falta de seguridad jurídica y presión regulatoria.
Sheinbaum desestimó esa narrativa. “No tiene que ver con que no haya certeza jurídica, sino con que todos deben cumplir con la ley. Cuando se habla de Estado de Derecho, quiere decir que todo mundo se ponga en regla, igual que lo hacen en España o en otros lugares del mundo”, afirmó.
La presidenta también reveló que la Secretaría de Energía ha sostenido conversaciones recientes con Iberdrola sobre nuevos proyectos de inversión en el país. “Vamos a saber exactamente a qué se refieren antes de dar una opinión definitiva”, dijo, al tiempo que confirmó que su gobierno mantiene diálogo abierto con los directivos de la empresa.
En 2024, el gobierno mexicano adquirió 13 plantas eléctricas de Iberdrola a través de un esquema financiero operado por Banobras, lo que fue presentado como una “nueva nacionalización” del sector. Aunque Sheinbaum no descartó que pudiera repetirse una operación similar, aclaró que no hay planes concretos en este momento para comprar más activos.
La mandataria también criticó los antiguos esquemas de autoabasto, calificándolos de ilegales. “Lo que no es aceptable es que empresas privadas usen la red eléctrica nacional para vender energía a otras compañías pagando tarifas mínimas”, subrayó.
La eventual salida de Iberdrola marcaría un nuevo capítulo en la transformación del mercado eléctrico mexicano, donde el Estado busca recuperar protagonismo sin cerrar la puerta a la inversión privada, pero bajo nuevas reglas de cumplimiento regulatorio.
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