Una red que operó en la refinería Olmeca reveló grietas en la cadena portuaria. Qué pasó, por qué importa en 2025 y el plan 12‑12‑12 para cerrarle la puerta al huachicol.
Un documento de inteligencia de 2022 perfila cómo una red de huachicol operó en la refinería Olmeca (Dos Bocas), lubricada por sobornos a personal de seguridad. Tres años después, el país da golpes a un circuito mayor de contrabando —con marinos y exfuncionarios detenidos—, mientras una secuencia de muertes ensombrece el caso. El mensaje es claro: blindar la logística marítima-energética ya no es opcional.
Una célula dedicada a extraer combustible de barcos en Dos Bocas habría comprado voluntades con pagos en efectivo para acceder a instalaciones estratégicas y mover diésel y gasolina hacia tierra. La red no actuaba sola: dependía de una logística marítimo‑terrestre bien aceitada, puntos de acopio discretos y una salida comercial con apariencia de legalidad.
Tres elementos la vuelven hoy un caso país: (i) su origen portuario, donde confluyen autoridad marítima, aduanas y Pemex; (ii) la conexión con el boom del “huachicol fiscal” (contrabando técnico vía documentación falsa) y (iii) el riesgo reputacional y financiero para la seguridad energética recién reconfigurada.
El ardid combinó contactos internos, capitanes de lancha y una ruta nocturna. El combustible se obtenía de embarcaciones que atracaban en plataforma; se trasvasaba a lanchas, se internaba por río y se transfería a camionetas rumbo a bodegas identificadas en la zona. La operación funcionaba porque el soborno era barato y el margen, alto.
Para sostener el volumen, la red escaló tres capas:
En 2025, un aseguramiento histórico de 10 millones de litros de diésel en el Golfo detonó órdenes de captura que alcanzaron a marinos, exaduaneros y empresarios. La investigación describe documentación apócrifa, flotas y depósitos como soporte del negocio. Aunque los expedientes se originan en puertos del norte, el patrón logístico es el mismo: entrada por mar, papeles alterados, trasiegos rápidos y un circuito de venta que blanquea el producto.
La conexión no es solo técnica. Las mismas grietas institucionales —captura de mandos medios, rotación insuficiente, auditoría asincrónica— permiten que modus operandi distintos (ordeña portuaria y contrabando técnico) coexistan y se retroalimenten.
La secuencia de decesos de marinos y exfuncionarios alrededor de expedientes de contrabando exhibe una capa de riesgo personal y organizacional: intimidación, captura y silencios administrativos. Para el Estado, el reto no es solo judicializar; es garantizar protección a denunciantes y continuidad operativa cuando se remueven mandos en nodos críticos (aduanas, protección portuaria, logística de Pemex).
Cuando el delito sube por la cadena de mando, se vuelve también riesgo sistémico: decisiones tardías, cierres de ductos o muelles, seguros más caros, fricciones con socios comerciales y costos que terminan en la tarifa del consumidor.
Resultado: cada peso en soborno compra minutos clave y esos minutos se convierten en miles de litros.
12 horas – Respuesta inmediata
12 días – Integridad de datos 4. Gemelo digital de atraques. Cruce en tiempo real de caudal, presión, mareas, AIS del buque y CCTV con analítica de anomalías (patrones de trasvase no programados).
12 semanas – Cierre estructural 7. Rotación trimestral de mandos en aduanas, protección portuaria y logística, con vacaciones escalonadas para romper redes de reciprocidad.
Dos Bocas puede convertirse en laboratorio de integridad portuaria si se publican —cada trimestre— tres indicadores simples: (i) minutos de respuesta a anomalías, (ii) litros recuperados/evitados y (iii) reincidencia por polígono. Si esas curvas bajan de forma sostenida, el blindaje está funcionando. Si no, volvemos a discutir sobornos de 10 mil pesos con pérdidas de millones.
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