La central eléctrica de Altamira, Tamaulipas, adquirida por el Gobierno en 2023, lleva dos años en 'modo protegido', sin generar energía de forma regular, mientras Iberdrola reduce su presencia en México.
La planta de ciclo combinado que Iberdrola operaba en Altamira, Tamaulipas, y que fue adquirida por el Gobierno Federal en 2023 como parte de un paquete de 13 centrales, lleva dos años sin generar electricidad de forma regular. Actualmente se encuentra en “modo protegido”, es decir, solo se activa en situaciones de emergencia o alta demanda, según confirmó Luis Apperti, coordinador de proyectos especiales de la Asociación de Industriales del Sur de Tamaulipas (AISTAC).
Antes de la venta, la planta abastecía a diversas industrias de la región. Tras la operación, los usuarios industriales tuvieron que migrar rápidamente a la Comisión Federal de Electricidad (CFE). “La noche del 31 hicieron el cambio de interruptor: apagaron y encendieron el sistema. Fue impresionante”, relató Apperti, quien gestionó el cambio de proveedor desde MG Polímeros.
La planta forma parte del paquete de activos que Iberdrola vendió al Gobierno mexicano por 6,200 millones de dólares, en una operación que incluyó más de 8,500 MW de capacidad instalada, principalmente de ciclos combinados de gas. Aunque la transacción fue presentada como una “nacionalización encubierta” por algunos analistas, el Gobierno la defendió como una estrategia para recuperar soberanía energética.
En su informe del primer semestre de 2025, Iberdrola reveló que México representa apenas el 1% de su inversión global. La empresa ya contrató al banco Barclays para vender las 15 plantas renovables que aún conserva en el país, valuadas en 4 mil millones de euros. La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que la salida de Iberdrola no se debe a falta de certeza jurídica, sino a un cambio estratégico de la empresa hacia tecnologías como el hidrógeno verde.
Mientras tanto, la planta de Altamira permanece inactiva, sin señales claras de cuándo volverá a operar a plena capacidad. Su estatus como reserva estratégica plantea preguntas sobre la eficiencia del uso de activos energéticos en un contexto de creciente demanda eléctrica.
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