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Pemex duplica pérdidas por robo de Gas LP; Puebla concentra el mayor golpe

El robo de Gas LP se duplicó en 1T‑2025 y dejó pérdidas por $1,440 millones. Dónde ocurre, por qué crece y qué se puede hacer hoy.

Pemex duplica pérdidas por robo de Gas LP; Puebla concentra el mayor golpe

En el primer trimestre de 2025, el robo de Gas LP a los ductos de Pemex se disparó: el volumen ordeñado pasó de 61 mil a 123 mil toneladas frente al mismo periodo de 2024. El efecto financiero fue inmediato: pérdidas por 1,440 millones de pesos en el sistema LPG Cactus–Guadalajara, la columna vertebral del transporte de gas LP en el país. Más allá del balance contable, la magnitud del desvío equivale a más de seis millones de cilindros domésticos de 20 kg que nunca llegaron a los hogares y negocios formales.

La meseta no duró. Marzo fue el mes más crítico con 40,846 toneladas sustraídas. En promedio, cada día de ese trimestre Pemex dejó de facturar alrededor de 16 millones de pesos por ordeña de gas LP. Los números revelan una paradoja: hay menos piquetes que antes, pero cada ilícito extrae más producto. Y eso enciende alertas sobre la sofisticación de las tomas, la logística de recolección y el mercado informal que las absorbe.

La geografía del ‘huachigas’: rutas, municipios y patrones

El ducto Cactus–Guadalajara —que nace en el sureste y cruza Chiapas, Tabasco, Veracruz, Puebla, Hidalgo, Querétaro, Guanajuato y Jalisco— concentra el mayor daño. En marzo se localizaron 134 tomas clandestinas y Puebla volvió a encabezar la incidencia con 116. Municipios como Tepeaca, Santa Rita Tlahuapan, Huejotzingo y San Martín Texmelucan forman un corredor donde la cercanía a autopistas, centros de carga y zonas agrícolas facilita la extracción y trasiego. En Tlaxcala, la presión se concentra en Calpulalpan; en el Edomex, en Nextlalpan, Tepetlaoxtoc, Polotitlán, Aculco, Jilotepec y Tonanitla.

¿Por qué allí? Porque el ducto es accesible, la vigilancia debe cubrir amplias franjas de terracerías y parcelas, y el mercado informal encuentra salida rápida para el gas robado, ya sea en pipas sin trazabilidad o en micro–redes que abastecen colonias periféricas. Las autoridades estatales han reconocido la operación de células del crimen organizado en estas zonas, lo que explica la persistencia del delito pese a operativos frecuentes.

Menos perforaciones, más pérdidas: el cambio de modus operandi

Mientras el Gobierno presume una reducción marginal de tomas en el comparativo anual, la cantidad de Gas LP robada se duplicó. Esto sugiere tomas de mayor diámetro, conexiones más prolongadas, tanques nodriza y cuadrillas con capacidad para mover cientos de miles de litros en horas. También está cambiando la economía del delito: con márgenes regulados y costos al alza para el sector formal, el gas ilegal encuentra compradores atraídos por descuentos, a costa de la seguridad pública y de los usuarios finales que, sin saberlo, usan combustible sin certificación, medido con equipos no calibrados y trasladado en condiciones de riesgo.

Impacto en hogares, microempresas y finanzas públicas

El Gas LP alimenta 8 de cada 10 hogares y a miles de negocios intensivos en calor (loncherías, panaderías, lavanderías, hoteles). Cuando el robo es masivo, los efectos son tres:

  1. Precio y abasto: la red formal enfrenta costos extras (pérdidas, logística, seguros) que presionan su operación y restan resiliencia ante picos de demanda.
  2. Seguridad: el manejo ilegal en llenaderas clandestinas y cilindros sin mantenimiento eleva el riesgo de incidentes en barrios y carreteras.
  3. Recaudación: cada litro que sale de la estadística oficial erosiona ingresos públicos y complica la inversión en vigilancia, medición y mantenimiento de ductos.

Tres palancas inmediatas

1) Inteligencia de precisión. Pasar del patrullaje extensivo a interdicción basada en datos: cruces de presión en tiempo real, correlación con flujos de GPS en autopistas y aprendizaje automático para detectar patrones de ordeña (hora, clima, calendario agrícola).

2) Trazabilidad comercial. ‘Candado de custodia’ desde el ducto hasta el punto de venta: CFDI con etiquetado volumétrico, sellos criptográficos en vales de reparto y auditorías aleatorias de metrología en puntos de carga/descarga. Sin trazabilidad, no hay abasto mayorista.

3) Disuasión económica. Cero tolerancia a la oferta que alimenta el mercado clandestino: inhabilitación de permisionarios con desbalances volumétricos recurrentes, decomisos de flota y cierre inmediato de puntos de llenado irregulares. Cada semana sin sanción multiplica la capacidad de las redes ilegales.

Lo que puede cambiar desde hoy

Pemex y los gobiernos locales tienen una ventana breve para convertir la reducción de tomas en reducción real de pérdidas. La meta es que cada hallazgo de una toma equivalga a menos volumen robado. ¿Cómo se mide el éxito? Con tres indicadores públicos trimestrales: volumen sustraído, tiempo de respuesta desde la caída de presión hasta el sellado y tasa de reincidencia por kilómetro.

Para hogares y negocios, la prevención es tangible: verificar sellos y marbetes, exigir nota fiscal con datos completos, revisar fechas de prueba de cilindros y reportar cualquier pipa o llenado fuera de rutas habituales. La seguridad empieza en la puerta de cada cliente.


Problemas y soluciones
  • Distribuidores formales: auditar controles volumétricos y cerrar brechas en el balance diario–mensual; documentar rutas y descargas con telemetría y video.
  • Aseguradoras y bancos: condicionar pólizas y factoraje a trazabilidad verificable y a cumplimiento metrológico.
  • Autoridades locales: crear células intermunicipales en corredores críticos (Tepeaca–Texmelucan–Huejotzingo) con metas de respuesta en minutos, no en horas.
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