El Departamento de Justicia de EE.UU. investiga a dos empresarios mexicanos por sobornos a funcionarios de Pemex entre 2019 y 2021. El caso involucra al senador Adán Augusto López por haber otorgado sustento legal a las empresas implicadas.
El escándalo que sacude a Pemex por presuntos sobornos entre 2019 y 2021 ha escalado a niveles internacionales. El Departamento de Justicia de Estados Unidos acusó formalmente a Ramón Alexandro Rovirosa Martínez y Mario Alberto Ávila Lizárraga, empresarios mexicanos residentes en Texas, por haber pagado al menos 150 mil dólares en efectivo y artículos de lujo a funcionarios de Pemex para obtener contratos millonarios.
Pero el caso no se queda ahí. Según el periodista Gildo Garza, el esquema de corrupción involucra directamente al senador de Morena Adán Augusto López Hernández, quien como gobernador de Tabasco en 2019 entregó la notaría pública número 29 a Ramón Oropeza Lutzow. Este notario fue clave para dar sustento legal a las empresas de los empresarios acusados, facilitando su participación en contratos relacionados con la refinería de Dos Bocas.
Las compañías involucradas —Tubular Technology, Energy On Shore y RM Asset Advisors— operaban en Tabasco y fueron constituidas con respaldo notarial durante el mandato de Adán Augusto. Ávila Lizárraga, además de empresario, fue excandidato del PAN al gobierno de Campeche, y está prófugo de la justicia estadounidense. Rovirosa ya fue detenido y enfrenta cargos por violaciones a la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA), con penas de hasta cinco años por cada delito.
La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que su gobierno ya solicitó información a Pemex y a las autoridades estadounidenses. “No puede haber impunidad en este caso”, declaró en conferencia matutina. También instruyó a la Secretaría Anticorrupción y a la Fiscalía General de la República para investigar si existen contratos vigentes con los empresarios señalados.
El caso Adán Augusto-Pemex es más que un escándalo político. Es una prueba de fuego para el sistema de control institucional en México, y una señal de que los vínculos entre poder político y corrupción energética siguen vigentes. La lupa internacional ya está puesta.
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