¿Transparencia o control?: el golpe al INAI

La noticia cayó como un balde de agua fría en el ámbito de la transparencia: Claudia Sheinbaum, en una jugada que muchos tildan de radical, anunció la creación de “Transparencia para el Pueblo” como sustituto del INAI, un organismo que desde 2002 venía garantizando el acceso a la información y la protección de datos. Aunque la jefa de Gobierno asegura que la esencia de la transparencia se mantendrá, algunos expertos insisten en que este nuevo ente, al no ser autónomo, podría estar pintado a la medida de los intereses del poder en turno. Casi como querer tapar el sol con un dedo, se ha argumentado que la eliminación de organismos “independientes” ahorrará recursos y evitará burocracia innecesaria. Sin embargo, la gran pregunta es: ¿realmente se trata de eficiencia o de la posibilidad de controlar la información sin cortapisas?

Entre las voces críticas se escucha que un gobierno sin contrapesos puede encontrar en “Transparencia para el Pueblo” la puerta perfecta para manejar los datos a su antojo, maquillando reportes y reduciendo el escrutinio público. Para colmo, se habla de un riesgo más grave: la probable politización del acceso a la información. Imagina que cualquier solicitud ciudadana pase primero por el ojo revisor de quienes a fin de cuentas responden directamente al Ejecutivo. La autonomía siempre había sido la joya de la corona de este proceso, la garantía de que las cosas se hicieran sin miramientos políticos. Pero ahora, con la nueva reforma aprobada el pasado noviembre, la designación de un organismo desconcentrado con tintes “oficialistas” despierta muchas dudas.

La población, que tanto ha confiado en estos mecanismos para denunciar corrupción y exigir cuentas claras, corre el riesgo de quedarse con la esperanza de que el nuevo sistema sea imparcial. Algunos ven esto como un retroceso en materia de derechos ciudadanos, otros lo aplauden porque piensan que la “maquinaria” gubernamental estará más ordenada sin duplicidad de funciones. Entretanto, asociaciones civiles y expertos en derecho están con el ceño fruncido, preparando posibles acciones legales o, al menos, buscando dejar en claro que la transparencia no es un lujo: es un derecho consagrado en las leyes. Falta ver si “Transparencia para el Pueblo” hará honor a su nombre o si terminará siendo un mero decorado para que el gobierno federal lleve la batuta en la versión de los hechos que quiera compartir.