Crisis local y el adiós al INAI: ¿se tambalea la transparencia?

En medio de un torbellino político, Sinaloa, Veracruz y Chihuahua sacan chispas: en Culiacán, el alcalde ha preferido hacerse ojo de hormiga frente a las protestas que le exigen respuestas, mientras la fiscal de Veracruz se enfrenta a un montón de acusaciones que la traen cortita en la palestra pública, y en Chihuahua, un regidor anda en boca de todos porque lo están señalando de violencia de género. Aun con este clima encendido, ahora sale a la luz un tema que promete más polémica: la supuesta desaparición del Instituto Nacional de Transparencia (INAI) para dar paso a un nuevo organismo llamado “Transparencia para el Pueblo”, según lo que se ha venido rumorando desde pasillos cercanos al gobierno de Claudia Sheinbaum. Hay quienes ven esta movida como un salto al vacío, porque el INAI, con todo y sus bemoles, ha sido un pilar para que la banda en México exija cuentas claras y acceso libre a la información pública. El meollo está en que este nuevo ente no sería tan independiente, sino que operaría de forma desconcentrada y bajo la sombra del poder ejecutivo, lo cual levanta las cejas de varios especialistas que temen por una posible manipulación política. Aunque se dice que la transparencia va a seguir siendo la piedra angular de este proyecto, muchos se preguntan si la autonomía y la protección de los datos personales se irán por el caño, sobre todo en un contexto donde la confianza en las instituciones ya va de capa caída. Y no es para menos: la línea entre vigilar con lupa al gobierno y solapar sus secretos puede hacerse muy borrosa si el ente regulador depende del mismo gabinete que debe supervisar. En tiempos donde la violencia, la evasión y la tensión en distintos estados del país generan desconcierto, sumarle un cambio radical en materia de transparencia pública se antoja como la combinación perfecta para abrir un avispero. Falta ver si estos giros realmente optimizan la rendición de cuentas o se convierten en un arma de doble filo que termine lastimando más la credibilidad de las instituciones. Por lo pronto, el respetable se queda con la duda: ¿de verdad tendremos más claridad o solo estaremos cambiando de nombre para, al final, quedar en las mismas?