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Más de 500 empresas en Tabasco, Campeche y Veracruz enfrentan una crisis económica por adeudos de Pemex. Conoce la lucha del FASP por justicia.
El Frente Amplio de Subcontratistas al Servicio de Pemex (FASP), liderado por Eustacio Pérez García, enfrenta una de sus batallas más difíciles. Con más de 500 empresas afectadas en Tabasco, Campeche y Veracruz, la agrupación denuncia una deuda acumulada de 3,500 millones de pesos por parte de Petróleos Mexicanos (Pemex). Este adeudo ha puesto en jaque a las pequeñas y medianas empresas que dependen de estos pagos para sobrevivir, y las consecuencias ya se sienten en la economía local.
Desde noviembre de 2024, el FASP ha realizado manifestaciones pacíficas en Villahermosa, Tabasco, para exigir el cumplimiento de los pagos pendientes. Una de las movilizaciones más notables ocurrió el 27 de noviembre, cuando trabajadores y representantes de 80 empresas bloquearon la salida de la carretera Villahermosa-Cárdenas. Según Pérez García, algunas de estas empresas llevan más de un año sin recibir un solo peso, lo que ha provocado despidos masivos y, en algunos casos, el cierre definitivo de negocios.
A pesar de que Pemex y las autoridades federales prometieron liquidar los adeudos antes de concluir 2024, menos del 10% de las empresas recibieron algún pago en diciembre. La situación empeora, ya que los trabajos realizados en diciembre y enero han incrementado aún más el monto total de la deuda.
El incumplimiento de pagos no solo afecta a las empresas subcontratistas, sino que también tiene repercusiones en la economía regional y en las familias de los trabajadores. Tabasco, Campeche y Veracruz, zonas tradicionalmente dependientes de la industria petrolera, han visto cómo la falta de liquidez afecta a otros sectores económicos. Desde despidos hasta el cierre de negocios locales, la crisis se siente como una bola de nieve que amenaza con arrasar con las economías locales.
“Esto no es solo un problema financiero; es una cuestión de supervivencia para cientos de empresas locales que sustentan la economía de la región petrolera”, señaló Pérez García.
El 3 de diciembre de 2024, representantes del FASP esperaban reunirse con Pemex y autoridades federales en un intento por encontrar una solución. Sin embargo, los representantes de Pemex no se presentaron, lo que llevó a una nueva postergación del diálogo. Esto no solo generó descontento entre los empresarios, sino que también alimentó la incertidumbre en torno a la disposición de Pemex para resolver la crisis.
Ante la falta de respuestas concretas, el FASP ha solicitado la intervención de la Secretaría de Gobernación (Segob) y del gobernador de Tabasco, Javier May Rodríguez, como mediadores en el conflicto. Sin embargo, hasta el momento no se ha llegado a un acuerdo que satisfaga a todas las partes involucradas.
La paciencia de los subcontratistas se está agotando. Eustacio Pérez García advirtió que, de no cumplirse la nueva promesa de liquidación para el 30 de enero, el FASP tomará medidas más drásticas. Estas podrían incluir bloqueos en las principales carreteras y vías de acceso a Villahermosa, así como la consolidación de una coalición regional con proveedores de Campeche y Veracruz para ejercer mayor presión.
“Ya no podemos seguir esperando. Cada día que pasa, más empresas se hunden en deudas, más familias pierden su sustento. Es hora de que Pemex y el gobierno cumplan con su palabra”, afirmó el líder del FASP.
El caso de los subcontratistas de Pemex pone en evidencia las vulnerabilidades del modelo de subcontratación y la falta de mecanismos efectivos para garantizar el cumplimiento de pagos en tiempo y forma. Mientras Pemex enfrenta sus propios desafíos financieros, las empresas que dependen de ella para subsistir están pagando el precio más alto.
El FASP, con su lucha, no solo busca justicia para las empresas afectadas, sino que también envía un mensaje claro: el incumplimiento de pagos tiene un impacto devastador en la economía local y en la confianza de los inversionistas.
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