Averigua por qué la nueva estrategia en telecomunicaciones de la presidenta Sheinbaum pone en juego la modernización del país, el futuro de 5G y la competitividad de las empresas más grandes del sector.
Expertos en telecomunicaciones andan con el Jesús en la boca tras los primeros cinco meses de gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, advirtiendo que su nueva política en el sector podría echarnos hasta 20 años para atrás en conectividad y digitalización. De acuerdo con analistas y representantes empresariales, esta sacudida comienza con la desintegración del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), cuyas funciones se repartirán como fichas de dominó entre la Secretaría de Comunicaciones, Infraestructura y Transporte (SICT), la Secretaría de Economía (SE), la Agencia de Transformación Digital de Telecomunicaciones (ATDT) y un organismo novísimo encargado de la competencia económica.
La preocupación viene de varias aristas, pero una de las más apremiantes es que los costos de compañías como América Móvil, AT&T, Grupo Televisa, Megacable, Telefónica Movistar y TV Azteca podrían triplicarse, alimentando un efecto dominó que alcance desde la inversión en redes hasta la tarifa que paga el consumidor. Especialistas señalan que con tantas oficinas metiendo mano —una triple ventanilla, casi casi—, no solo se ralentiza la implementación de 5G, sino que también se mete ruido a la hora de tomar decisiones regulatorias.
Para no dar marcha atrás en todo lo que ya se avanzó, las voces del sector exigen al gobierno concretar de volada el marco regulatorio y no soltar la mano de la industria. Creen que si se descuidan los cimientos que dejó el IFT, la conectividad en México podría ponerse en riesgo y, con ella, la competitividad que tanto se presume en el ámbito global. Y es que si el país quiere colgarse la medalla de centro logístico e innovador para la relocalización de empresas, lo menos que puede ofrecer es una autopista digital libre de baches regulatorios.
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