laura.fernandez
El proyecto de Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión de Claudia Sheinbaum propone un cambio radical: el Estado podría ser árbitro y jugador en el mercado, en medio de preocupaciones por censura y posibles violaciones al T-MEC.
México está a las puertas de una transformación en su marco de telecomunicaciones. Claudia Sheinbaum, presidenta del país, presentó ante el Congreso su proyecto de Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión, el cual busca reemplazar la actual Ley Federal vigente desde 2014. La propuesta ya levanta polvo, no sólo por el fondo, sino también por la forma.
El documento de 311 páginas y 310 artículos llegó al Congreso apenas cinco meses después de la extinción del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), un órgano que había sido referencia internacional en regulación del sector. Ahora, la nueva Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT) será la responsable, pero bajo un modelo que muchos consideran riesgoso: el Estado podría actuar como árbitro y competidor a la vez.
Entre los puntos más destacados de la iniciativa se encuentran:
Las radios públicas, comunitarias, indígenas y afromexicanas podrán vender publicidad local por hasta 40 segundos cada hora.
Se reservan nuevas bandas de FM y AM para emisoras sociales.
El Estado amplía sus tiempos de transmisión en medios hasta 30 minutos por hora, bajo gestión de la Secretaría de Gobernación.
Se prohibirán campañas de gobiernos extranjeros en medios mexicanos, salvo contenidos culturales o turísticos.
Las plataformas digitales que transmitan propaganda extranjera podrán ser bloqueadas temporalmente por la ATDT.
El espectro radioeléctrico para temas de seguridad nacional será reservado sin necesidad de pago por parte del Estado.
Se ordena un plan de licitación 5G a más tardar en 180 días tras la promulgación de la ley.
Se reafirma la Neutralidad de la Red como principio constitucional, garantizando trato igualitario en el tráfico de datos.
El nuevo enfoque promete modernizar al país para insertarlo de lleno en la industria 4.0 y aprovechar fenómenos como el nearshoring, el Internet de las Cosas (IoT) y la inteligencia artificial. Sin embargo, las alarmas no tardaron en sonar: especialistas advierten que la ley podría violar compromisos del T-MEC y abrir puertas a la censura gubernamental, justo en un sector valuado en más de 35,000 millones de dólares y que da empleo a más de 302,000 familias mexicanas.
Comparado con la anterior reforma impulsada en 2013 bajo el mandato de Enrique Peña Nieto —que logró reducir tarifas móviles casi a la mitad y expandir el acceso a Internet móvil en el país—, la nueva propuesta representa un viraje completo. Si antes el árbitro era independiente, hoy podría estar sentado también en el campo de juego.
La discusión sobre esta iniciativa, que pretendía aprobarse en "fast track", se ha pospuesto tras el ruido que generó entre especialistas, cámaras empresariales y organismos internacionales. Todo indica que será un tema álgido en las próximas semanas.
La pregunta de fondo sigue siendo la misma: ¿puede un mismo actor ser juez y parte sin poner en jaque el futuro digital de México?
En AI Regula Solutions estaremos siguiendo de cerca cada avance de esta histórica discusión. Te invitamos a mantenerte atento a nuestras actualizaciones para entender a fondo cómo este cambio puede impactar tu vida diaria y los servicios que utilizas.
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