La emisión de P-Caps por 12 mil mdd para Pemex fortalece su liquidez, pero transfiere riesgos al erario y presiona la calificación soberana.
En el piso 14 de un rascacielos en Paseo de la Reforma, las luces seguían encendidas cuando Hacienda cerró la operación más grande del año: 12 mil millones de dólares en Notas Estructuradas Pre-Capitalizadas (P-Caps) para apuntalar la liquidez de Pemex, la petrolera más endeudada del mundo. Afuera, la ciudad dormía; adentro, se firmaba un acuerdo que, según analistas, traslada el riesgo financiero de la empresa al erario nacional.
Los P-Caps son instrumentos complejos: el Gobierno mexicano, a través de Eagle Funding LuxCo, emite deuda, compra bonos del Tesoro de EE.UU. y los deposita en Pemex como colateral. Con esa garantía, la petrolera obtiene nuevos créditos. Si Pemex no paga, los acreedores ejecutan los treasuries y el Gobierno asume la obligación, incorporando el pasivo al Saldo Histórico de los Requerimientos Financieros del Sector Público (SHRFSP), que ya equivale al 49.5% del PIB.
La tasa pactada fue de 5.5%, superior a emisiones previas del Gobierno (4.625% y 5.125%), reflejando una prima de riesgo mayor. Para Galilei Consulting, este esquema es “un Pemexproa”: si la empresa no genera flujo suficiente, el rescate se convertirá en deuda soberana. Además, advierte que las calificadoras considerarán este movimiento en la nota crediticia de México, lo que podría encarecer futuros financiamientos.
El trasfondo es crítico: Pemex arrastra pasivos con proveedores por más de 430 mil millones de pesos, enfrenta vencimientos por 33 mil millones de dólares en 23 meses y su producción ha caído 28% desde 2015. Aunque el gobierno defiende la operación como una medida para “optimizar el perfil de vencimientos”, expertos advierten que inyectar liquidez no resuelve problemas estructurales como la baja rentabilidad de la refinación y la falta de inversión en exploración.
📌 Conclusión: El rescate con P-Caps da oxígeno a Pemex, pero incrementa la exposición fiscal y la vulnerabilidad macroeconómica. Si la petrolera no logra revertir su declive operativo, el costo lo pagará el Estado… y, en última instancia, los contribuyentes.
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