La promesa es ambiciosa: “A partir de 2027 Pemex no va a necesitar apoyo de la Secretaría de Hacienda”, aseguró la presidenta Claudia Sheinbaum en agosto. Esa frase resume el espíritu del Plan Pemex 2025-2030, presentado en su primer año de gobierno. Pero detrás del discurso optimista, la realidad es compleja: la petrolera más endeudada del mundo sigue enfrentando presiones financieras que ponen a prueba su viabilidad.
La promesa es ambiciosa: “A partir de 2027 Pemex no va a necesitar apoyo de la Secretaría de Hacienda”, aseguró la presidenta Claudia Sheinbaum en agosto. Esa frase resume el espíritu del Plan Pemex 2025-2030, presentado en su primer año de gobierno. Pero detrás del discurso optimista, la realidad es compleja: la petrolera más endeudada del mundo sigue enfrentando presiones financieras que ponen a prueba su viabilidad.
En 2025, Pemex llegó a un punto crítico. Su deuda financiera ronda los 98,800 millones de dólares, con vencimientos por más de 23 mil millones entre 2025 y 2026. A esto se suman 430 mil millones de pesos en adeudos con proveedores, que han generado crisis en la cadena de servicios petroleros. Las calificadoras, que en 2024 habían degradado la nota de Pemex a niveles cercanos al grado especulativo, advirtieron que el riesgo de impago era real.
El colapso no ocurrió, pero no por una recuperación estructural: fue el gobierno quien evitó el desastre con inyecciones de liquidez, notas precapitalizadas por 12 mil millones de dólares y un fondo Banobras de 250 mil millones de pesos. Sin ese respaldo, la empresa no habría podido cubrir amortizaciones ni mantener operaciones.
El plan de Sheinbaum descansa en tres ejes. Primero, alivio fiscal: el Derecho de Utilidad Compartida (DUC) se redujo al 30%, liberando flujo para inversión. Segundo, refinación total: ocho refinerías en operación, coquizadoras para reducir combustóleo y proyectos de cogeneración que añadirán 2,422 MW al sistema eléctrico. Tercero, financiamiento híbrido: esquemas mixtos con participación privada en petroquímica y campos maduros, bajo control estatal.
El objetivo es claro: autosuficiencia en combustibles, reducción de importaciones y saneamiento financiero. Para 2030, Pemex busca bajar su deuda a 77 mil millones de dólares, un recorte del 26%.
Los analistas son cautelosos. Si bien la reducción fiscal y la diversificación hacia petroquímicos son pasos positivos, persisten riesgos: la producción se mantiene por debajo de la meta de 1.8 millones de barriles diarios, la deuda con proveedores sigue presionando la liquidez y los vencimientos de corto plazo no dan margen para errores. Además, la promesa de no depender de Hacienda en 2027 choca con una realidad: Pemex sigue siendo un riesgo sistémico para las finanzas públicas.
En palabras simples, el plan es una hoja de ruta, no una garantía. Si Pemex logra ejecutar sin tropiezos, podría convertirse en un caso de éxito. Si falla, el costo no será solo financiero: pondrá en entredicho la narrativa de soberanía energética que sostiene el proyecto político de la Cuarta Transformación.
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