La petrolera estatal se ampara para evitar pagos por emisiones contaminantes, mientras crece la presión legal y social en estados como Tamaulipas y Guanajuato.
Petróleos Mexicanos (Pemex) se encuentra en el centro de una controversia que pone en tela de juicio su compromiso ambiental y su responsabilidad fiscal. En 2023, la empresa se amparó para evitar el pago de 2,800 millones de pesos en impuestos al carbono, aplicados por gobiernos estatales como Tamaulipas y Guanajuato. El argumento: los gravámenes locales exceden su jurisdicción. El resultado: una creciente tensión entre la empresa más contaminante del país y las autoridades que buscan frenar el deterioro ambiental.
El caso más emblemático es el de Salamanca, donde la refinería “Antonio M. Amor” genera más del 84% del dióxido de azufre emitido en Guanajuato. En Ciudad Madero, la refinería “Francisco I. Madero” ha sido señalada por liberar gases contaminantes sin control, afectando la calidad del aire y la salud pública. A pesar de ello, Pemex sostiene que no tiene conocimiento de sanciones ambientales vigentes, según su Informe de Sostenibilidad 2024.
La Suprema Corte ha confirmado en seis ocasiones la constitucionalidad de los impuestos verdes, pero Pemex insiste en impugnarlos. En Nuevo León, el Congreso local pidió a la empresa desistirse de sus amparos. En Tamaulipas, el gobierno estatal estima que Pemex y CFE deberían pagar más de 800 millones de pesos por emisiones contaminantes en 2024. Sin embargo, los litigios han frenado la recaudación.
Este conflicto no es solo legal. Es también ético, financiero y reputacional. La deuda pública nacional ha alcanzado los 20.3 billones de pesos, y se estima que cada mexicano pagará 2,023 pesos adicionales en impuestos para sostener a Pemex. Mientras tanto, la empresa enfrenta crecientes presiones internacionales para alinear sus operaciones con estándares de sostenibilidad.
A partir de 2026, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) exigirá que todas las emisoras del mercado de valores reporten sus riesgos climáticos bajo la norma IFRS. Aunque Pemex no cotiza en Bolsa, sí emite deuda en México y Estados Unidos, por lo que deberá cumplir con estos requisitos. Esto implica que los impuestos al carbono, antes voluntarios, serán obligatorios en los reportes financieros.
La paradoja es evidente: Pemex ha lanzado un Plan de Sostenibilidad con metas ambiciosas para 2030 y 2050, incluyendo la reducción de emisiones y la transición energética. Pero mientras proyecta una imagen de responsabilidad, se ampara para evitar pagar por sus impactos ambientales.
México enfrenta una disyuntiva. ¿Puede sostener una empresa pública que evade impuestos ambientales mientras promueve una transición energética? ¿Es viable una política de soberanía energética que ignora la justicia fiscal y ambiental?
El debate está abierto. Y Pemex, más que nunca, está bajo la lupa.
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