Por Redacción
La ASEA busca exentar del AIR su nueva Oficialía de Partes Electrónica 2.0, pero ¿realmente simplifica trámites o solo digitaliza la burocracia? Descubre las fallas, costos ocultos y oportunidades perdidas en este análisis profundo del sistema que promete revolucionar los trámites ambientales.
La Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos (ASEA) ha presentado ante la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria (CONAMER) una solicitud de exención del Análisis de Impacto Regulatorio (AIR) para su nueva Oficialía de Partes Electrónica 2.0 (OPE 2.0). Este movimiento, aparentemente técnico, revela una problemática más profunda sobre cómo se concibe la modernización administrativa en México: un proceso que privilegia la forma sobre el fondo, donde lo digital se equipara erróneamente con eficiencia, sin cuestionar las estructuras burocráticas que perpetúan la inercia.
En los últimos años, la narrativa de la "transformación digital" ha dominado el discurso gubernamental. La OPE 2.0 se enmarca dentro del Compromiso 17 de los 100 Compromisos de la Cuarta Transformación, que promete la "digitalización más grande de la historia". Sin embargo, al analizar la propuesta, queda claro que se trata más de una actualización cosmética que de una reinvención profunda. La versión anterior de la OPE, implementada en 2017, fracasó en su objetivo de agilizar trámites debido a su diseño rígido y su incapacidad para manejar el volumen de solicitudes. La ASEA ahora argumenta que la OPE 2.0 no requiere un AIR porque no genera costos adicionales para los particulares ni establece nuevas obligaciones. Pero esta afirmación merece un escrutinio detallado.
Uno de los pilares de la argumentación de la ASEA es que el uso de la OPE 2.0 es optativo. Según el Artículo 13 del anteproyecto, los usuarios pueden seguir presentando trámites de manera presencial si así lo desean. Esto, en teoría, evitaría cargas adicionales. Sin embargo, esta optatividad enmascara un problema estructural: la coexistencia de sistemas paralelos (físicos y digitales) no simplifica, sino que duplica esfuerzos. Mientras no existan incentivos claros para migrar al sistema electrónico —como plazos más cortos o menores costos—, los usuarios seguirán atrapados en la burocracia tradicional.
Peor aún, la ASEA no proporciona datos sobre cuántos trámites se resolvieron de manera digital versus presencial en la versión anterior de la OPE. Sin esta información, es imposible evaluar si la digitalización ha tenido un impacto real o si simplemente se ha añadido una capa tecnológica a procesos ya disfuncionales.
El Artículo 5 del anteproyecto establece que los usuarios deben presentar documentos como actas constitutivas, instrumentos notariales y constancias fiscales, todos en formato digital. Esto plantea una pregunta incómoda: si el gobierno ya cuenta con bases de datos como el Registro Público de Comercio o el SAT, ¿por qué obligar a los ciudadanos a cargar documentos que podrían autocompletarse mediante interoperabilidad?
La falta de integración entre sistemas no solo genera fricciones innecesarias, sino que contradice el espíritu de la llamada "Llave MX", un mecanismo que supuestamente permitiría acceder a servicios gubernamentales con una sola identidad digital. En países como Estonia, la interoperabilidad es la norma, no la excepción. Allí, los ciudadanos pueden realizar trámites sin necesidad de presentar documentos que el Estado ya tiene en sus registros. En México, sin embargo, seguimos replicando el modelo de "llevar papeles", pero ahora en formato PDF.
La ASEA insiste en que la OPE 2.0 no genera costos para los particulares, pero esta afirmación ignora realidades evidentes. Por ejemplo:
Capacitación: Las pequeñas y medianas empresas, así como ciudadanos sin habilidades digitales avanzadas, requerirán invertir tiempo y recursos en aprender a usar el nuevo sistema.
Riesgo Técnico: Si la plataforma falla —algo común en sistemas gubernamentales—, no hay protocolos claros para proteger a los usuarios de plazos vencidos o trámites perdidos. El Artículo 13 solo menciona "causas de fuerza mayor", un concepto vago que podría dejar a muchos en el limbo.
Fragmentación: La coexistencia de la Firma Electrónica Avanzada y Llave MX crea confusión. ¿Por qué no unificar criterios en lugar de multiplicar credenciales?
Al exentar el AIR, la ASEA evade la obligación de cuantificar estos costos indirectos, lo que socava la transparencia y la rendición de cuentas.
Lo más frustrante de la OPE 2.0 no son sus defectos, sino lo que podría ser y no es. Por ejemplo:
Automatización Inteligente: El Artículo 15 menciona "boletines" para notificaciones, pero ¿por qué no implementar sistemas basados en IA que alerten a los usuarios sobre cambios en el estatus de sus trámites?
Blockchain para Seguridad: En un sector tan sensible como el energético, la tecnología blockchain podría garantizar trazabilidad y evitar alteraciones fraudulentas en documentos.
Ventanilla Única: La ASEA opera en un ecosistema regulatorio complejo. ¿Por qué no integrar sus trámites con los de otras dependencias, como la CRE o SEMARNAT, para evitar duplicidades?
La exención del AIR para la OPE 2.0 es un síntoma de un mal mayor: la tendencia a confundir la digitalización con la simplificación. Subir documentos a un portal no es innovación; innovación es rediseñar procesos para eliminar pasos innecesarios, integrar sistemas y poner al ciudadano en el centro.
Si la ASEA quiere ser un referente, debe ir más allá de cumplir metas sexenales y abrazar una verdadera transformación. Esto implica eliminar requisitos redundantes, adoptar estándares de interoperabilidad y, sobre todo, medir resultados con indicadores claros: tiempo promedio de resolución, tasa de satisfacción usuaria, porcentaje de trámites resueltos sin requerir interacción presencial.
Mientras tanto, proyectos como la OPE 2.0 seguirán siendo espejismos: modernos en apariencia, pero profundamente tradicionales en su esencia.
¿Crees que la exención del AIR es una herramienta válida para agilizar la innovación, o un atajo peligroso que fomenta la opacidad? En AI Regula Solutions, seguiremos investigando estos temas. Suscríbete a nuestro boletín para recibir análisis exclusivos y participar en discusiones que moldean el futuro de la regulación en México.
Todos los campos son obligatorios *
