laura.fernandez
El INSUS promete agilizar la regularización de lotes al fusionar trámites, pero ¿realmente reduce la carga para los ciudadanos? Analizamos costos ocultos, requisitos vigentes y su efecto en la inversión urbana.
El Instituto Nacional del Suelo Sustentable (INSUS) presentó ante la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria (CONAMER) un Acuerdo de Simplificación de Trámites, con el objetivo de unificar procesos para la regularización de lotes y obtención de escrituras. A primera vista, la iniciativa parece alinearse con la política nacional de reducir la carga administrativa. Sin embargo, un análisis detallado revela matices que cuestionan su impacto real en la economía y la ciudadanía.
El acuerdo fusiona tres trámites clave en uno solo:
Solicitud de Contratación de Lotes para su Regularización y Obtención de Escritura Pública (homoclaves INSUS-2019-244-001-B, 003-A y 004-A).
Solicitud de Contratación en Copropiedad.
Rectificación de Solicitud de Contratos.
Según la dependencia, esto no genera costos adicionales para los particulares, ya que los cambios son internos. Además, se argumenta que la medida cumple con la Ley General de Mejora Regulatoria al respetar principios como la legalidad y la jerarquía normativa.
Aunque la unificación reduce el número de procesos, los requisitos siguen siendo extensos y complejos:
Comprobantes de posesión: Desde contratos de compraventa hasta documentos que acrediten antigüedad mínima de 5 años.
Identificación oficial y actas (nacimiento, matrimonio).
Requisitos adicionales para personas morales: Actas constitutivas, poderes notariales y más.
Este enfoque podría compararse con juntar varios candados en una sola puerta: aunque haya menos trámites, la llave para abrirla sigue requiriendo múltiples piezas. La pregunta es: ¿realmente se aligera el proceso o solo se redistribuye el papeleo?
El INSUS asegura que la medida no afecta derechos ni genera costos, pero hay factores económicos no declarados:
Tiempo y recursos indirectos: Reunir documentos como recibos de servicios (luz, agua, predial) o constancias notariadas implica gastos en traslados, copias certificadas y asesoría legal.
Oportunidad perdida: Si los trámites no se agilizan sustancialmente, se mantiene la incertidumbre jurídica sobre la tenencia de la tierra, lo que frena inversiones en construcción y desarrollo urbano.
En México, según el IMCO, la falta de claridad en la propiedad del suelo representa un costo equivalente al 1.3% del PIB anual por conflictos legales y desincentivos a la inversión. Si este acuerdo no reduce esos problemas, su impacto económico será marginal.
El proyecto se presentó bajo una exención de Manifestación de Impacto Regulatorio (MIR), herramienta clave para evaluar efectos sociales y económicos de las regulaciones. Esto sugiere que el INSUS considera los cambios como “no sustanciales”, lo que genera dudas:
¿Por qué no se hizo un análisis profundo si la regularización de suelo es crítica para el desarrollo urbano?
Sin una MIR, es difícil medir si la simplificación cumple con estándares internacionales, como los de la OCDE, que recomiendan evaluar costo-beneficio en toda reforma regulatoria.
Ejemplos como el REPUVE (Registro Público Vehicular) muestran que unificar trámites sin modernizar sistemas internos deriva en cuellos de botella. Para el INSUS, el riesgo es similar: si no se refuerza la capacidad operativa, la fusión de trámites podría saturar áreas clave y alargar tiempos de respuesta.
Por otro lado, organizaciones civiles como Transparencia Mexicana han señalado que la simplificación debe ir acompañada de digitalización y ventanillas únicas. Hasta ahora, el acuerdo no menciona avances tecnológicos, solo ajustes normativos.
El INSUS da un paso en la dirección correcta al reducir trámites, pero se queda a mitad del camino:
✅ Ventaja: Menos procesos dispersos.
❌ Desafío: Requisitos igual de rigurosos y falta de innovación en gestión.
Para que la simplificación sea real, se necesitan:
Digitalización integral: Permitir cargas de documentos en línea y seguimiento en tiempo real.
Colaboración interinstitucional: Vincular bases de datos con el Registro Público de la Propiedad y servicios públicos.
Transparencia: Publicar métricas de tiempos de resolución antes y después del acuerdo.
Mientras estos elementos no se integren, el acuerdo podría ser solo un espejismo regulatorio: un cambio de forma, no de fondo, que contribuye a las estadísticas de reducción de trámites pero no a la eficiencia económica.
¿Tú qué opinas? ¿Crees que fusionar trámites sin modernizar procesos es suficiente? Comparte este artículo y únete al debate. 📊🏙️
Todos los campos son obligatorios *
