Por Redacción
Aunque las tomas clandestinas bajaron 19.5%, el robo de combustibles sigue costando miles de millones a Pemex y amenaza la seguridad energética nacional.
A pesar de los esfuerzos del gobierno federal por contener el robo de combustibles, Petróleos Mexicanos (Pemex) reportó 2,444 tomas clandestinas en sus ductos durante el primer trimestre del año, lo que equivale a una perforación ilegal cada 53 minutos con 46 segundos.
Aunque esta cifra representa una disminución del 19.5% respecto al mismo periodo de 2024, el llamado “huachicol” sigue siendo una amenaza persistente para la seguridad energética del país y las finanzas de la empresa productiva del Estado. De hecho, las pérdidas económicas por esta práctica aumentaron 17.4%, alcanzando los 5,471 millones de pesos en el trimestre.
Hidalgo encabeza la lista con 610 tomas ilegales, seguido por Jalisco (453), Tamaulipas (214), Guanajuato (213) y Querétaro (206). Estas entidades concentran más del 70% de los casos detectados, según datos del Instituto IGAVIM y Pemex.
El fenómeno no se limita a la gasolina y el diésel. El robo de gas LP también va en aumento, con 280 tomas clandestinas registradas entre enero y marzo. Puebla lidera con 116 casos, seguido por Tlaxcala (61) y el Estado de México (55).
Además del impacto económico, el huachicol representa un riesgo directo para los consumidores. El excomisionado de la CRE, Francisco Barnés de Castro, advirtió que los combustibles adulterados pueden provocar irritación en la piel, ojos y vías respiratorias, además de daños severos en los sistemas de inyección de los vehículos, lo que se traduce en reparaciones costosas y menor vida útil de los motores.
Desde el inicio del sexenio de Andrés Manuel López Obrador y ahora bajo la administración de Claudia Sheinbaum, el combate al huachicol ha sido una prioridad. La estrategia incluye vigilancia militar, monitoreo satelital y judicialización de casos, pero los resultados muestran que el delito se adapta y persiste, especialmente en zonas rurales y de difícil acceso.
A esto se suma el fenómeno del “huachicol fiscal”, es decir, la importación ilegal de diésel, que en 2024 alcanzó los 59 mil barriles diarios, equivalentes al 17% del consumo aparente nacional, con un valor estimado de 9 mil millones de dólares en pérdidas acumuladas.
“El robo de combustibles no solo es un problema económico, sino también de salud pública, seguridad y sostenibilidad energética”, concluyó Salvador Soto, académico de la UNAM. “Erradicarlo requiere una estrategia integral que combine tecnología, inteligencia financiera y voluntad política”.
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