Por Redacción
Por cada 10 litros de diésel que entran al país, 2 son ilegales. Te revelamos cómo opera este lucrativo mercado negro que ya controla el 17% del consumo nacional.
En las carreteras de Tamaulipas, camiones con placas falsas descargan su mercancía en gasolineras clandestinas que operan a plena luz del día. No transportan mercancías comunes, sino diésel robado o adulterado que alimenta un negocio que creció 300% en un año. Según el Observatorio Ciudadano de Energía, lo que en 2023 eran 19,200 barriles diarios de contrabando, hoy se convirtieron en 59,100: suficiente para llenar el tanque de 1.5 millones de camiones de carga cada día.
El "huachicol fiscal" ya no necesita perforar ductos. Ahora opera con documentos falsificados que declaran el combustible como otro producto, evadiendo impuestos por 1,310 millones de dólares solo en 2024. Francisco Barnés de Castro, experto energético, lo explica con crudeza: "Por cada 10 litros que entran legalmente, 2 llegan de contrabando. Y lo peor es que gran parte está adulterado, dañando motores y el ambiente".
Mercado negro: Controla el 17% del consumo nacional (era 6% en 2023)
Pérdidas fiscales: 939 millones en IEPS y 371 millones en IVA no recaudados
Comparación: El contrabando duplica al robo tradicional por tomas clandestinas (28,000 vs 59,100 barriles)
Entrada: Cruza la frontera como "aceite lubricante" u otro producto
Distribución: Se vende en gasolineras controladas por el crimen o en paradas clandestinas
Consumo: Transportistas y empresas lo compran hasta 40% más barato, sin saber que está cortado con químicos
Un informe del Departamento del Tesoro de EE.UU. reveló que cárteles mexicanos usan este esquema porque:
Es más seguro que robar ductos (evita operativos militares)
Da márgenes de ganancia mayores que la gasolina
Permite lavar dinero mediante facturas falsas
Mientras Pemex pierde 1,099 millones anuales por robos tradicionales, el contrabando técnico demuestra que el huachicol evolucionó. Ahora usa trajes ejecutivos en lugar de mangueras clandestinas, pero el resultado es el mismo: México sigue pagando el precio de un sistema energético vulnerable.
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