Por Redacción
Moody’s alerta que las reformas energéticas en México aumentan la dependencia estatal de Pemex y CFE, sin resolver sus riesgos financieros clave.
Un reciente informe de Moody’s Ratings encendió las alertas sobre el futuro financiero de Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE), al advertir que las políticas públicas del gobierno mexicano, aunque fortalecen su papel estratégico, también aumentan su vulnerabilidad financiera.
La calificadora internacional señaló que las reformas constitucionales de octubre de 2024, que reclasificaron a ambas como “empresas públicas estatales”, refuerzan el control del Estado sobre los sectores petrolero y eléctrico. Sin embargo, esta mayor injerencia no resuelve los riesgos crediticios estructurales, especialmente en Pemex, cuya calificación se mantiene en B3 con perspectiva negativa.
En el caso de Pemex, Moody’s destacó que los nuevos esquemas de “desarrollo propio” y “desarrollo mixto” buscan atraer inversión privada para frenar la caída en la producción. No obstante, el flujo de efectivo negativo, particularmente en el segmento de refinación, limita su capacidad para financiar proyectos sin apoyo estatal.
A pesar de reformas fiscales que simplifican su carga tributaria, Pemex seguirá destinando entre 7,000 y 8,000 millones de dólares en pagos fiscales durante 2025, lo que representa la mayor parte de su EBITDA. Esto restringe su flujo de efectivo libre y acentúa su dependencia del gobierno, que incluso podría emitir deuda en su nombre para mejorar sus condiciones de financiamiento.
Por su parte, la CFE —calificada en Baa2 con perspectiva negativa— enfrenta una alta necesidad de inversión para mantener la calidad del servicio y responder al crecimiento de la demanda. Moody’s advierte que, sin participación privada, su cartera de proyectos quedaría expuesta a la volatilidad del gas natural y a riesgos de ejecución, lo que podría deteriorar su calidad crediticia intrínseca.
El informe también subraya que el gobierno utiliza a la CFE como una herramienta de política pública, priorizando el suministro y la centralización de decisiones sobre la rentabilidad. Aunque esto garantiza respaldo estatal en caso de crisis, también limita su autonomía operativa y financiera.
En un escenario ideal, el sector privado aportaría 33,500 millones de dólares para añadir 6.4 gigavatios de capacidad eléctrica a la red nacional hacia 2030, con el objetivo de alcanzar un 38% de generación con energías limpias. Sin embargo, la incertidumbre jurídica y regulatoria, sumada a la reciente reforma judicial, podría frenar esa inversión en un contexto global ya marcado por tensiones geopolíticas e inestabilidad comercial.
Moody’s concluye que, si bien Pemex y CFE son pilares estratégicos del modelo energético mexicano, su sostenibilidad financiera a largo plazo dependerá de un equilibrio entre control estatal, eficiencia operativa y apertura a la inversión privada.
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