La regulación mexicana obliga a plantas renovables a incluir baterías, posicionando al país como modelo emergente en América Latina.
México ha dejado de ser espectador en la transición energética latinoamericana. La Organización Latinoamericana de Energía (OLADE) lo ha destacado como caso emergente de referencia en su más reciente Libro Blanco del Almacenamiento de Energía, gracias a una regulación inédita que obliga a todas las plantas solares y eólicas a incorporar sistemas de baterías equivalentes al 30% de su capacidad instalada, con autonomía mínima de tres horas.
Este mandato, anunciado en marzo de 2025, no solo posiciona a México como pionero en la región, sino que transforma el diseño de los proyectos renovables. A partir de ahora, cada megavatio solar o eólico deberá venir acompañado de almacenamiento, lo que permitirá gestionar la intermitencia, fortalecer la red eléctrica y evitar desperdicios de energía en momentos de baja demanda o saturación.
La meta es clara: 574 MW adicionales de almacenamiento con baterías (BESS) para 2028, integrados al Sistema Eléctrico Nacional. Pero más allá de la cifra, lo relevante es el enfoque. México ha definido cinco modalidades de almacenamiento que abarcan desde grandes plantas renovables hasta microrredes rurales, pasando por centros de carga industriales, sistemas independientes y refuerzos en redes de distribución.
Este marco regulatorio reconoce al almacenamiento como activo del sistema eléctrico, con derechos de interconexión, permisos específicos y participación en mercados de energía y servicios complementarios. Es decir, no se trata solo de baterías: se trata de una infraestructura estratégica que permite estabilizar la red, reducir pérdidas técnicas y garantizar suministro continuo en zonas aisladas.
El Programa de Desarrollo del Sistema Eléctrico Nacional (PRODESEN 2024–2038) estima que México requerirá 8.4 GW de almacenamiento energético hacia 2038 para sostener la integración de fuentes limpias. Esta planificación de largo plazo, sumada a la regulación vigente, convierte al país en uno de los más avanzados de América Latina en materia de almacenamiento.
La medida también envía una señal clara al sector privado: los proyectos híbridos (solar + eólica + baterías) ya no son una opción, sino una condición para operar. Esto abre oportunidades para tecnologías más eficientes, esquemas de financiamiento innovadores y alianzas público-privadas que aceleren la transición energética.
México, que durante años enfrentó desafíos de intermitencia, congestión y falta de respaldo, ahora se presenta como modelo de integración progresiva. OLADE lo reconoce, y el sector energético lo confirma: el almacenamiento ya no es el futuro, es el presente.
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