Una red criminal liderada por el exsecretario de Seguridad de Tabasco, Hernán Bermúdez Requena, habría negociado el suministro de huachicol desde Dos Bocas para el Tren Maya. Documentos de inteligencia revelan vínculos con funcionarios y contratos millonarios.
Lo que debía ser un símbolo del desarrollo del sureste mexicano se ha convertido en el epicentro de uno de los escándalos más graves de corrupción y crimen organizado en la era de la 4T. Según una investigación de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), una red criminal encabezada por Hernán Bermúdez Requena, exsecretario de Seguridad de Tabasco, habría utilizado el puerto de Dos Bocas como punto de partida para traficar diésel robado destinado a la construcción del Tren Maya.
Las revelaciones, basadas en documentos de inteligencia militar, muestran cómo el grupo delictivo conocido como “La Barredora” planeaba enviar hasta 180,000 litros semanales de combustible ilícito hacia los tramos en construcción del megaproyecto ferroviario.
Los reportes del Centro Regional de Fusión de Inteligencia (Cerfi) Sureste detallan conversaciones entre operadores del grupo criminal. Un sujeto identificado como “Gabriel” ofrecía diésel extraído del puerto de Dos Bocas a 16.50 pesos por litro, sin factura, mientras que otro lote de diésel ultra bajo azufre (ULSD), supuestamente gestionado a través del SAT, se ofrecía a 14.50 pesos por litro más un sobreprecio del 25%.
En otra conversación, se documenta la negociación de 30,000 litros de diésel ilícito con una empresa proveedora del Tren Maya. La operación no era improvisada: implicaba logística, contactos institucionales y una red de distribución bien estructurada.
El caso es aún más grave por el perfil de los implicados. Hernán Bermúdez Requena fue nombrado secretario de Seguridad Pública de Tabasco en 2019 por Adán Augusto López Hernández, entonces gobernador y hoy senador por Morena. Ese mismo año, informes de inteligencia ya lo vinculaban con “La Barredora”, una célula ligada al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
Su sobrino, Raúl Bermúdez Arreola, fue subdirector en Fonatur y coordinador de los tramos 4 y 5 del Tren Maya. Fue destituido en 2021 tras el escándalo de la “Casa Presidencial”, una propiedad de lujo que alquilaba en plataformas como Airbnb por más de 10,000 pesos la noche.
La red no solo operaba con huachicol. En otra línea de investigación, se documentó cómo un operador de “La Barredora” intentó rentar al gobierno federal nueve hectáreas en Quintana Roo, propiedad de su exesposa, para la construcción del Tren Maya. El pago acordado: 700,000 pesos mensuales por hectárea.
Este tipo de maniobras revela un patrón de captura institucional, donde funcionarios y criminales operan en simbiosis para extraer rentas del Estado, incluso en proyectos prioritarios como el Tren Maya o la refinería Olmeca en Dos Bocas.
El puerto de Dos Bocas, donde se construyó la refinería Olmeca, ha sido señalado en múltiples ocasiones como punto de trasiego de combustible ilícito. En 2021, miembros de “La Barredora” ya habían sido identificados como operadores del trasiego de diésel desde barcos a pipas.
Este nuevo caso refuerza las dudas sobre los controles de seguridad y fiscalización en una de las obras más costosas del sexenio, que ha enfrentado retrasos operativos y sobrecostos sin precedentes.
El caso de Bermúdez Requena no es solo un escándalo de corrupción. Es una advertencia sobre los riesgos de impunidad y captura institucional en los megaproyectos de infraestructura. El Tren Maya y Dos Bocas, concebidos como motores del desarrollo, están siendo utilizados por redes criminales para blanquear operaciones, capturar contratos y traficar recursos públicos.
La ficha roja de Interpol contra Bermúdez Requena llega tarde. El daño institucional ya está hecho. Lo que sigue es una pregunta urgente: ¿cuántos más están involucrados y cuántos siguen operando desde dentro?
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