Las estaciones de servicio en México enfrentaron un junio crítico: 67% reportó menores ventas y aumentó la percepción de robo al consumidor, adulteración y contrabando de combustibles, según PetroIntelligence.
Junio de 2025 no fue un mes cualquiera para los operadores de estaciones de servicio en México. Fue, según el último informe de PetroIntelligence, uno de los más complejos en términos de desempeño comercial y percepción de riesgo. La caída en ventas, combinada con el repunte de prácticas ilegales, dibuja un escenario de fragilidad estructural para el sector formal.
El dato más contundente: 67% de los operadores encuestados reportó una disminución en sus ventas respecto a junio de 2024. Aunque el informe no atribuye causas específicas, los empresarios señalan tres factores recurrentes:
A esto se suma un fenómeno preocupante: el robo al consumidor —mediante alteración de dispensadores o manipulación de litros entregados— fue reportado como creciente por 60% de los encuestados, un salto de 15 puntos respecto a mayo.
Más grave aún es el dato sobre prácticas ilícitas estructurales: adulteración de combustibles, contrabando fiscal y huachicol. En junio, 73% de los operadores afirmó que estas actividades aumentaron en su zona de operación. Esta cifra no es anecdótica: repite el pico registrado en abril y supera ampliamente los niveles de meses anteriores.
Este tipo de prácticas no solo distorsiona el mercado, sino que erosiona la confianza del consumidor, pone en riesgo la seguridad energética y afecta directamente la recaudación fiscal.
El informe de PetroIntelligence no se limita a cifras nacionales. Las respuestas fueron desagregadas por región, lo que permite identificar focos rojos en zonas como el centro del país, el norte industrial y el sureste energético, donde la informalidad ha ganado terreno frente a la operación regulada.
Mientras los operadores formales enfrentan caída de ingresos y aumento de riesgos, no hay señales claras de respuesta institucional. Las estrategias de combate al huachicol se han centrado en el robo a ductos, pero poco se ha hecho para frenar el contrabando en estaciones, la adulteración en puntos de venta o la evasión fiscal en cadenas informales.
El sector gasolinero formal está en una encrucijada. Vende menos, compite con actores ilegales y enfrenta un entorno de desconfianza creciente. Si no se actúa con firmeza —desde la regulación, la fiscalización y el acompañamiento institucional—, el riesgo no es solo comercial: es sistémico.
La informalidad no solo roba litros. Roba legitimidad, seguridad y futuro.
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