El gobierno federal investiga irregularidades en la licitación de medicamentos para 2025-2026. Proveedores podrían enfrentar multas, cancelación de contratos o inhabilitación. Te explicamos los detalles y cómo afecta al sistema de salud.
La licitación de medicamentos e insumos médicos para el periodo 2025-2026 se convirtió en un foco de controversia tras detectarse sobreprecios por más de 13,000 millones de pesos en 175 claves de productos. Ante esto, el gobierno federal anunció que los proveedores involucrados podrían ser multados, inhabilitados o incluso ver cancelados sus contratos.
El 9 de abril, la Secretaría Anticorrupción y de Buen Gobierno, liderada por Raquel Buenrostro, anuló toda la licitación internacional tras encontrar irregularidades en el proceso, ejecutado por Birmex, la empresa estatal encargada de las adquisiciones. Según el subsecretario de Salud, Eduardo Clark, algunas empresas inflaron los precios de manera injustificada, lo que puso en riesgo el abasto en hospitales públicos.
Claudia Sheinbaum dejó claro que no habrá tolerancia:
"Se cancelarán los contratos con sobrecosto o que no cumplan con los requisitos de producción. El dinero público debe usarse con transparencia."
Para agilizar la compra de los medicamentos pendientes, el gobierno optará por subastas inversas, un mecanismo donde los proveedores compiten bajando sus precios bajo criterios de calidad. Según Sheinbaum, esto evitará retrasos:
"Así conseguimos mejor precio y entregamos más rápido a hospitales."
Algunos insumos ya están llegando a centros de salud, pero el proceso sigue en marcha.
La investigación de la Secretaría Anticorrupción determinará si hay funcionarios o empresas responsables.
Se revisarán contratos vigentes para detectar más anomalías.
Las subastas inversas serán la norma en compras urgentes.
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