El Senado aprobó la Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión impulsada por Sheinbaum, marcando el fin del IFT y el inicio de la ATDT y la CRT. Analizamos los impactos, logros, riesgos y oportunidades de esta reconfiguración institucional que transformará la regulación del sector en México.
El pasado sábado 28 de junio, el Senado de la República aprobó la nueva Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión, una iniciativa impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum. Aunque no había tenido la oportunidad de escribir al respecto, este acontecimiento marca un punto de inflexión para el sector. La aprobación de esta ley implica una reestructuración profunda de los roles, responsabilidades y funciones de los actores clave en el ecosistema de las telecomunicaciones en México.
Uno de los cambios más relevantes que trae consigo la nueva Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión es, sin duda, la desaparición del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT). Esta decisión marca un antes y un después en la forma en que se regulan las telecomunicaciones y la radiodifusión en México, y abre el debate sobre los avances logrados y los desafíos que vienen.
Durante el análisis ex post de la política Must Carry - Must Offer que realicé en su momento, tuve la oportunidad de estudiar a fondo la evolución de las leyes que han regido el sector, los problemas estructurales, los vacíos normativos y las distintas iniciativas que se han propuesto. Ese ejercicio me permitió observar cómo, mientras regiones como la Unión Europea y América Latina transitaban hacia marcos regulatorios modernos, en México los cambios eran mayormente reactivos.
No obstante, entre 1999 y 2013 se dieron avances significativos orientados a corregir las fallas del mercado y facilitar el despliegue de infraestructura. Fue precisamente en este contexto que el IFT surgió como una institución clave para reordenar el ecosistema de las telecomunicaciones y la radiodifusión.
La creación del Instituto Federal de Telecomunicaciones, en 2013, representó un parteaguas en la política pública del sector. Como órgano constitucional autónomo, el IFT tuvo a su cargo funciones regulatorias, de supervisión y de competencia económica. Entre sus principales logros destacan:
La desaparición del Instituto Federal de Telecomunicaciones, más allá de su impacto institucional, me deja con sentimientos encontrados.
Por un lado, fue mi casa. Ahí crecí profesionalmente, aprendí, me desarrollé y tuve la fortuna de cruzarme con personas extraordinarias, mentores valiosos y colegas profundamente comprometidos con el servicio público. Es personal altamente calificado que, sin duda, merece ser reconocido por su labor y que espero pueda seguir contribuyendo desde otras trincheras.
Pero también, y no puedo dejarlo de lado, fue un lugar donde se permitieron prácticas que no debieron haber existido. Donde algunas voces —incluida la mía— se vieron afectadas por dinámicas de acoso laboral, silencios institucionales y una falta de transparencia que marcó profundamente la vida de varias personas.
Por ello, me uno a la lucha de colegas que, como yo, exigen que se reconozca esa otra cara del IFT. Este llamado no va dirigido al personal técnico ni operativo que siempre cumplió con su labor, sino a quienes, desde posiciones de poder, abusaron de la estructura sin consecuencias.
Espero sinceramente que, en este nuevo reordenamiento, se otorgue una liquidación justa al personal y que se valore su experiencia, permitiéndoles continuar en organismos donde su talento siga aportando al país. Pero también deseo que, en este cierre, no se omitan las deudas pendientes con la justicia laboral y humana.
Con la desaparición del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), se abre paso a una nueva etapa con la creación de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT), una nueva Secretaría de Estado que asumirá las funciones regulatorias, de supervisión y formulación de políticas públicas en el sector.
Este cambio busca simplificar procesos, modernizar la gestión pública y fortalecer la coordinación interinstitucional en un contexto donde las tecnologías digitales son centrales para el desarrollo nacional.
Uno de los temas que generó especial inquietud durante el proceso legislativo fue el artículo 109, que inicialmente abría la posibilidad al bloqueo temporal de plataformas digitales. Sin embargo, este artículo fue finalmente excluido de la versión aprobada, lo cual es un paso positivo hacia la protección de la libertad digital, evitando posibles actos de censura y reforzando el compromiso con los derechos digitales.
Como parte de esta nueva estructura, se contempla también la creación de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT), un órgano desconcentrado de la ATDT con independencia técnica y operativa, responsable de emitir resoluciones regulatorias. El Pleno de la CRT estará integrado por cinco personas comisionadas, quienes tendrán a su cargo decisiones clave sobre el funcionamiento del sector.
La nueva legislación reconoce a las telecomunicaciones y la radiodifusión como servicios públicos de interés general, esenciales para garantizar derechos fundamentales como la educación, la salud, el acceso a la información y la libertad de expresión.
Además, incorpora un enfoque multicultural y de derechos humanos, fortaleciendo a los medios públicos, comunitarios, indígenas y afromexicanos, y ampliando el acceso a contenidos plurales y relevantes para todas las comunidades del país.
En materia técnica, el dictamen introduce cambios significativos en la gestión del espectro radioeléctrico, incluyendo nuevos esquemas de uso compartido, pruebas tecnológicas, redes inteligentes y plataformas de gran altitud.
Las concesiones de uso público y social serán otorgadas mediante asignación directa y estarán exentas del pago de contribuciones, lo cual representa un avance para la democratización del acceso a medios y servicios de comunicación.
Para impulsar la cobertura social, se contemplan descuentos fiscales para concesionarios que ofrezcan servicios en zonas rurales o de difícil acceso. Asimismo, los pequeños operadores podrán beneficiarse de exenciones o reducciones en sus pagos, de acuerdo con los lineamientos que establezca la nueva Comisión Reguladora.
Sin duda, junio marcó un punto de inflexión en el rumbo de las telecomunicaciones en México, con transformaciones profundas tanto en la arquitectura institucional como en la concepción del sector mismo. El cierre del IFT y la creación de nuevas entidades como la ATDT y la CRT reflejan un cambio de enfoque en la regulación, que ahora busca integrarse a una visión más amplia de transformación digital.
Sin embargo, aún quedan pendientes varias propuestas valiosas que surgieron en los foros de consulta y que merecen ser consideradas en futuras fases de implementación normativa. En este contexto de cambio, no debemos perder de vista el verdadero objetivo: garantizar que las telecomunicaciones sean una herramienta efectiva para cerrar la brecha digital, asegurar el reconocimiento y ejercicio pleno de los derechos digitales y alinearnos con las mejores prácticas regulatorias a nivel internacional.
El reto será mantener el equilibrio entre simplificación administrativa, eficiencia técnica y, sobre todo, la protección de los derechos fundamentales de todos los usuarios.
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