Empresarios del sector gasolinero denuncian cobros ilegales por parte de funcionarios de ASEA, quienes exigirían hasta 35 mil pesos mensuales por estación para evitar clausuras. La presidenta Sheinbaum minimiza las acusaciones, mientras el gremio exige una investigación federal.
La tensión entre empresarios gasolineros y autoridades federales ha escalado a niveles preocupantes. Gasolineros Unidos por México, una agrupación que representa a propietarios de estaciones de servicio en todo el país, denunció públicamente que funcionarios de la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA) estarían exigiendo cuotas mensuales de hasta 35 mil pesos por estación para evitar clausuras y sanciones administrativas.
Las reuniones donde se habrían solicitado estos pagos se realizaron, según los testimonios, en oficinas oficiales y con presencia de altos funcionarios. Los empresarios califican esta práctica como una forma de extorsión institucional, disfrazada de fiscalización, que encarece la operación de las estaciones y genera inseguridad jurídica en el sector.
“Nos piden cuotas sin sustento legal. Si no pagamos, nos clausuran”, denunció un empresario que pidió el anonimato. La situación ha sido descrita como una “ley del garrote”, donde la sobrerregulación, las inspecciones con presencia militar y las multas excesivas se convierten en herramientas de presión.
La presidenta Claudia Sheinbaum, al ser cuestionada sobre el tema, minimizó las denuncias. Afirmó que no conoce a la agrupación denunciante y que no se han reunido con ninguna autoridad. “No es ningún grupo que se haya reunido con nosotros. Son unos gasolineros que muy pocos conocen”, declaró en su conferencia matutina del 18 de agosto.
Sin embargo, los empresarios insisten en que las prácticas de extorsión no son nuevas. Señalan que desde el sexenio de Andrés Manuel López Obrador se obstaculizaron los procesos de regularización de permisos, y que la situación ha empeorado en la actual administración.
Además de ASEA, otras dependencias como Profeco, Pemex, la Comisión Nacional de Energía (CNE) y la Fiscalía General de la República (FGR) han sido señaladas por aplicar medidas coercitivas bajo el pretexto de inspecciones o denuncias anónimas por huachicol.
El gremio exige una investigación federal, la apertura de un canal directo de diálogo con el gobierno, y la revisión urgente de la política regulatoria que, lejos de fortalecer al sector energético, lo está estrangulando. “Somos aliados en la soberanía energética, no enemigos”, afirman.
Mientras tanto, el silencio de ASEA y la falta de respuesta oficial alimentan la incertidumbre. El sector gasolinero, clave para la movilidad y la economía nacional, enfrenta un entorno cada vez más hostil, donde operar dentro de la legalidad parece ser más riesgoso que ceder a presiones ilegales.
Todos los campos son obligatorios *
Escríbenos a
[email protected]
