Tras el anuncio de Sheinbaum sobre mantener el precio de la gasolina en 24 pesos por litro, AMPES advierte que el costo del combustible depende de factores globales, logísticos y regulatorios que no pueden ignorarse.
Apenas unas horas después de que la presidenta Claudia Sheinbaum anunciara la renovación del acuerdo voluntario para mantener el precio de la gasolina magna en 24 pesos por litro, la Asociación Mexicana de Proveedores de Estaciones de Servicio (AMPES) levantó la voz. “No es tan sencillo como ponerle un número al litro”, advirtió el organismo en un comunicado que busca poner sobre la mesa la complejidad real del mercado de combustibles en México.
Desde una oficina en Naucalpan, un distribuidor con más de 20 años en el negocio lo explica con crudeza: “No es que no queramos ayudar, pero si el precio tope no considera los costos reales, nos vamos a quedar sin margen. Y sin margen, no hay negocio”.
AMPES recordó que el precio de la gasolina no se define en un escritorio, sino que responde a una cadena de factores interconectados: la cotización internacional del petróleo, el tipo de cambio, los costos de refinación, transporte, seguros, fianzas, y la distancia de cada estación respecto a las terminales de abasto. “El mercado cambia todos los días. Hoy es una guerra, mañana una tormenta en el Golfo”, señalaron.
A esto se suman los requisitos regulatorios: normas ambientales, fiscales y de seguridad que deben cumplir tanto las estaciones como las terminales. “Cumplir con la ley cuesta. Y ese costo también está en el precio final”, subrayó la asociación.
AMPES no se opone al acuerdo, pero pide que se haga con base en análisis técnicos y económicos serios. “Queremos colaborar, pero también queremos que se entienda que esto no es solo política, es operación diaria”, dijo uno de sus voceros.
La asociación reiteró su disposición a trabajar con el gobierno, empresarios gasolineros y otros actores del sector para construir un entorno de certidumbre jurídica y eficiencia operativa. “Si queremos precios estables, necesitamos reglas claras, logística eficiente y cumplimiento normativo sin ahogar al operador”, concluyeron.
El mensaje es claro: fijar un precio máximo puede ser popular, pero sin considerar los costos reales del sector, podría poner en riesgo la sostenibilidad de miles de estaciones de servicio en todo el país.
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