La ASEA podrá sancionar a estaciones de servicio que incumplan la NOM-016 sobre calidad de combustibles. Conoce los nuevos requisitos, implicaciones legales y retos técnicos del sector gasolinero.
La entrada en vigor del nuevo acuerdo regulatorio que faculta a la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA) para inspeccionar y sancionar a estaciones de servicio por incumplimientos a la NOM-016-CRE-2016 marca un cambio profundo en el modelo de fiscalización del sector gasolinero en México. A partir de julio de 2025, las gasolineras que comercialicen combustibles con mezclas que alteren parámetros como la presión de vapor podrán ser multadas o clausuradas, incluso si el incumplimiento se detecta en aspectos tradicionalmente fuera del alcance de la autoridad ambiental.
La NOM-016, vigente desde 2016, establece las especificaciones de calidad de los petrolíferos en cada etapa de la cadena de suministro. Sin embargo, hasta ahora, su aplicación estaba limitada por la competencia de la extinta Comisión Reguladora de Energía (CRE). Con la creación de la Comisión Nacional de Energía (CNE) y la reasignación de facultades, la ASEA ha asumido un rol más activo en la verificación de parámetros ambientales relacionados con la calidad del combustible.
Según el nuevo acuerdo, los permisionarios deberán realizar muestreos trimestrales de los combustibles almacenados, a través de laboratorios acreditados, y reportarlos vía electrónica a la ASEA. Las estaciones que cuenten con sistemas de control volumétrico podrán hacerlo de forma semestral. El incumplimiento de estas obligaciones podrá derivar en multas económicas o suspensión total de operaciones.
El director ejecutivo de la ASEA, Armando Ocampo Zambrano, afirmó que esta medida también forma parte de la estrategia nacional para combatir el robo y contrabando de gasolinas, conocido como huachicol. “Como nos ha instruido la presidenta Claudia Sheinbaum, avanzamos en el combate al huachicol”, publicó en su cuenta de LinkedIn.
La presión de vapor, uno de los parámetros clave en la NOM-016, incide directamente en las emisiones atmosféricas. Combustibles adulterados o mal mezclados pueden generar niveles de contaminación superiores a los permitidos, lo que justifica la intervención de la autoridad ambiental.
Aunque la medida ha sido bien recibida por sectores ambientalistas, también ha generado inquietudes en el ámbito jurídico. Javier Govea, socio del despacho GMB Abogados, advirtió que será un reto para la ASEA justificar legalmente una clausura basada en parámetros que originalmente no eran de su competencia. “La vía documental del cumplimiento se hará con reportes sobre la calidad del combustible, lo que es competencia de la CRE”, señaló durante un conversatorio de Onexpo Nacional.
Desde el sector técnico, Andrés Gutiérrez, CEO de Ciefsa, consideró que la medida es un paso en la dirección correcta, pero insuficiente sin una reforma integral de la NOM-016. “Las mezclas que estamos encontrando generan una contaminación mayor, pero para ello sería ideal que se establecieran otros parámetros de medición que hoy no se solicitan”, afirmó.
Con más de 13,000 estaciones de servicio en el país, el sector gasolinero deberá adaptarse a un nuevo entorno de fiscalización ambiental activa. Esto implica:
Por su parte, la ASEA enfrentará el reto de ampliar su capacidad de inspección, analizar miles de informes técnicos y aplicar sanciones en campo. Esto requerirá mayor presupuesto, personal especializado y coordinación interinstitucional, especialmente con la CNE y la Secretaría de Medio Ambiente.
La aplicación ambiental de la NOM-016 representa un cambio de paradigma en la regulación de combustibles en México. Ya no se trata solo de verificar volúmenes o precios, sino de garantizar que la molécula de gasolina cumpla con estándares ambientales que protejan la salud pública y el entorno.
La transición hacia una fiscalización más rigurosa es necesaria, pero debe ir acompañada de reformas normativas, claridad jurídica y capacidades técnicas. De lo contrario, el riesgo es generar incertidumbre regulatoria y conflictos legales que podrían frenar el avance hacia un mercado energético más limpio y transparente.
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