Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, por el que se determinan los plazos para la fiscalización de los informes de ingresos y gastos de las personas candidatas a juzgadoras, correspondientes a los periodos de campaña de los Procesos Electorales Extraordinarios 2024-2025 del Poder Judicial Federal y Locales, así como para las organizaciones de observación electoral en el ámbito federal.

Explora la fiscalización de campañas electorales en México, la estrategia implementada y la importancia de la transparencia en nuestra democracia.

Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, por el que se determinan los plazos para la fiscalización de los informes de ingresos y gastos de las personas candidatas a juzgadoras, correspondientes a los periodos de campaña de los Procesos Electorales Extraordinarios 2024-2025 del Poder Judicial Federal y Locales, así como para las organizaciones de observación electoral en el ámbito federal.

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La trama de la fiscalización a candidatos en elecciones extraordinarias 2024-2025

Resulta esencial para la integridad de nuestro sistema democrático asegurar que cada campaña electoral respeta las normas de transparencia financiera. Al desembrollar la madeja de las finanzas electorales siendo testigos de la luz que arroja la transparencia, aumenta la confianza política y se forja una democracia más fuerte.

Estrategia de fiscalización: Un vistazo al plan

El acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, publicado el 19 de marzo del 2025 en el Diario Oficial de la Federación, establece los plazos para la fiscalización de los candidatos a juzgadores en los Procesos Electorales Extraordinarios 2024-2025 del Poder Judicial Federal y Locales, así como para las organizaciones de observación electoral en el ámbito federal.

¿Quiénes estarán en la mira de la fiscalización?

  • Juzgadores candidatos para los Procesos Electorales Extraordinarios.
  • Organizaciones de observación en el ámbito federal.

Conclusiones

La fiscalización de los ingresos y gastos de los candidatos y observadores electorales representa un esfuerzo significativo por parte de nuestras autoridades, un esfuerzo que, sin duda, contribuirá a la calidad de nuestra democracia. La transparencia no debería ser una meta lejana, sino el horizonte normalizado y esperado en cada contienda electoral.

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