Iniciativa para reformar el artículo 27 y prohibir el fracking en México abre debate sobre soberanía energética, agua y transición limpia.
La Cámara de Diputados se prepara para discutir una iniciativa que busca prohibir el uso del fracking en la extracción de hidrocarburos, mediante la reforma al artículo 27 constitucional. La propuesta, respaldada por legisladores de Morena y PT, responde a una demanda social que lleva más de una década en la agenda pública: proteger el agua, la tierra y la salud de las comunidades frente a una técnica considerada altamente invasiva.
El fracking, o fracturación hidráulica, consiste en inyectar millones de litros de agua mezclada con arena y químicos a alta presión para fracturar formaciones rocosas y liberar gas o petróleo atrapado. Aunque esta técnica ha permitido a países como Estados Unidos aumentar su producción energética, sus impactos son severos:
En México, la práctica se ha intentado en cuencas como Burgos y Tampico-Misantla, donde la oposición de comunidades indígenas y organizaciones ambientales ha frenado proyectos en varias ocasiones.
El proyecto de reforma establece que queda prohibido al Estado y a particulares realizar exploración o explotación de hidrocarburos mediante fracking o técnicas equivalentes. Además, incluye dos transitorios:
Este punto es clave: busca evitar litigios internacionales y dar certidumbre jurídica, mientras se cierra la puerta a nuevas autorizaciones.
La prohibición del fracking no es solo un tema ambiental: impacta la política energética, la seguridad hídrica y la soberanía industrial. Pemex estima que 57% de los recursos prospectivos del país están en yacimientos no convencionales, que solo pueden explotarse con esta técnica. Renunciar a ellos implica reforzar la transición hacia energías renovables y acelerar la modernización de la red eléctrica para garantizar confiabilidad.
Por otro lado, la iniciativa responde a compromisos internacionales como el Acuerdo de París y la Agenda 2030, que exigen reducir emisiones y proteger ecosistemas. Sin embargo, también plantea un reto económico: ¿cómo compensar la pérdida potencial de reservas sin comprometer la autosuficiencia energética?
Organizaciones indígenas, ambientalistas y académicos celebran la propuesta como un paso hacia la justicia ambiental. Del otro lado, sectores industriales advierten que la prohibición podría limitar inversiones y mantener la dependencia del gas importado. El Congreso tendrá que equilibrar soberanía energética, protección ambiental y viabilidad económica, en una discusión que definirá el rumbo del país en la próxima década.
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