La CNE aprobó 32 permisos en septiembre, el mayor registro desde 2015, impulsando la logística energética y la inversión en transporte de petrolíferos.
La Comisión Nacional de Energía (CNE) aprobó 32 permisos para transporte de petrolíferos en septiembre, un incremento del 540% respecto al mismo mes del año anterior. Este repunte no solo marca el mejor septiembre desde 2015, sino que también envía una señal clara: la logística energética en México está en fase de reactivación, con implicaciones directas para la competitividad y la seguridad de suministro.
Al cierre del mes, el país suma 2,198 permisos aprobados, de los cuales 2,097 permanecen vigentes. Jalisco lidera con 194 permisos, seguido por Nuevo León (163) y Michoacán (135), consolidando al occidente y noreste como polos estratégicos para la distribución de combustibles.
El transporte de petrolíferos —gasolinas y diésel— es la columna vertebral del mercado energético. Cada permiso representa nuevas rutas, mayor capacidad de abasto y reducción de riesgos de desabasto, especialmente en un contexto donde la demanda se mantiene alta y la infraestructura enfrenta presiones por el nearshoring y el crecimiento industrial.
Dato clave: Desde 2015, la inversión acumulada en transporte de combustibles asciende a 25,500 millones de pesos, con Nuevo León, Tamaulipas y Veracruz como los principales receptores. Solo en 2025, la cifra ya alcanza 305.6 millones de pesos, lo que confirma el dinamismo del sector.
El repunte de permisos fortalece la posición de estados estratégicos:
Este movimiento no solo mejora la resiliencia del sistema, sino que también abre oportunidades para transportistas, aseguradoras y proveedores de servicios complementarios, generando empleo y atrayendo inversión privada.
Entre enero y septiembre se han emitido 53 permisos nuevos, todos para gasolinas y diésel, lo que indica que la prioridad sigue siendo fortalecer la cadena tradicional antes de dar un salto hacia combustibles alternativos. El reto será garantizar seguridad operativa, trazabilidad y cumplimiento normativo, en un entorno donde la digitalización y la supervisión en tiempo real son cada vez más exigidas.
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