Luz Elena González asegura que no habrá expropiaciones y anuncia 17,500 mdd en inversión privada para hidrocarburos hacia 2035.
La secretaria de Energía, Luz Elena González, desmintió categóricamente que el gobierno federal planee expropiar instalaciones petroleras privadas bajo la nueva regulación del sector. “No es cuestión de interpretación, es totalmente falso”, afirmó, en respuesta a versiones que generaron inquietud en inversionistas y operadores del mercado energético.
El pronunciamiento llega en un momento clave, cuando México busca mantener la producción de crudo en 1.8 millones de barriles diarios y 5 mil millones de pies cúbicos de gas hacia 2030, al tiempo que impulsa la rehabilitación del Sistema Nacional de Refinación y la recuperación de negocios estratégicos como petroquímicos y fertilizantes.
González subrayó que la participación privada no solo está permitida, sino que será fundamental para alcanzar las metas de inversión y modernización. Bajo esquemas mixtos, Pemex aportará infraestructura y experiencia, mientras que los inversionistas contribuirán con capital y tecnología. El objetivo: proyectos con certidumbre jurídica, transparencia y sustentabilidad.
Dato clave: hacia 2035, se proyectan 247,800 millones de dólares en inversiones energéticas, de los cuales 17,500 millones corresponden exclusivamente a privados en hidrocarburos, y 27,800 millones a esquemas mixtos. En el sector eléctrico, se prevén 37,364 millones de dólares, con 7,000 millones provenientes de empresas privadas.
El desmentido busca enviar una señal de confianza a los mercados y a los socios del T-MEC, en un contexto donde la certidumbre regulatoria es determinante para atraer capital. La estrategia oficial apunta a sumar capacidades, no a sustituirlas: el Estado mantendrá la conducción estratégica, pero reconoce que la innovación y el financiamiento privado son esenciales para garantizar la seguridad energética y la transición hacia modelos más limpios.
México enfrenta el reto de reducir la dependencia de importaciones, modernizar refinerías y ampliar la infraestructura de gasoductos —con inversiones estimadas en 8,387 millones de dólares—, mientras equilibra la presión fiscal y la necesidad de cumplir compromisos ambientales. La colaboración público-privada será decisiva para evitar rezagos que comprometan la competitividad industrial y la estabilidad del sistema energético.
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